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Política

II Informe: se ejecutan 95% de ordenes de aprehensión

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Dentro el discurso del Segundo Informe del de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez puntualizó que existen avances contundentes en los resultados del combate contra la violencia, en el cual «hasta daría la vida».
Destacó que esto no es resultado de su gobierno, sino del «esfuerzo de todos los chihuahuenses para salvar vidas», y dejar fuera el estigma de una entidad insegura.
Además resaltó las estrategias de seguridad que se han tomado en su gobierno, el cual se basa en el fortalecimiento de las instituciones y una tésis fundamental «quien es peligroso no puede estar en libertad», aseveró el mandatario estatal.
Como resultado de lo anterior dijo que se revazaron las expectativas en tanto a órdenes de aprehensión, en donde se ejecutan el 95 por ciento de las mismas y que supera por mucho a la media nacional que es de 30 por ciento.
«Del 95 por ciento el 98 por ciento se le da proceso judicial, se debe garantizar la observancia plena de las garantías individuales y de los derechos humanos», mencionó Duarte Jáquez.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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