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Improvisan caretas con botellas de PET; acusan escasez de insumos ante pandemia

Luego de que las autoridades sanitarias declararon la fase 2 de la contingencia por COVID-19 en México, Lourdes Rodríguez, enfermera intensivista del Hospital General Tacuba del ISSSTE y parte del comité directivo de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Interna y Terapia Intensiva, AC, lanzó un SOS en sus redes sociales para solicitar a la comunidad mexicana que la ayuden a recolectar envases de refresco de plástico de tres litros y acetato para hacer caretas y, así, poder proteger a sus compañeras que van a estar en contacto directo con los pacientes contagiados.

“Esta solicitud de ayuda que hice lleva solamente 24 horas en las redes y ya ha sido impresionante la reacción y la solidaridad de los mexicanos. En menos de un día conseguí más de 100 acetatos y muchas personas se ofrecieron a hacer las caretas con las botellas de refrescos en sus propios domicilios y entregármelas una vez que estén listas”, dijo Lourdes Rodríguez, en entrevista con Excélsior.

Este llamado, Lourdes solamente lo pensó para sus compañeras del hospital, por la escasez de insumos que están viviendo. Sin embargo, también la contactaron colegas del Hospital Juárez de México para que los incluyera entre los beneficiarios de las caretas. Asegura que el material que más les ha servido es el acetato.

“Les dije que por supuesto, que yo también iba a enviar caretas para ellos, porque todos necesitamos estar preparados”, aseguró.

En esta fase 2 de la contingencia también son cada vez más médicos vulnerables ante esta emergencia sanitaria, como adultos mayores y con padecimientos crónicos, quienes levantan la voz y denuncian las faltas de garantías y de insumos para trabajar en el sector de salud público.

Médicos del Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro, del ISSSTE, mayores de 60 y con padecimientos crónicos degenerativos, se reunieron con personal del sindicato y sus superiores para saber si a ellos los enviarían a sus casas, por el alto riesgo que corren al atender pacientes positivos a coronavirus.

“Hablamos con ellos y nos dijeron que para nosotros se no aplicaría el decreto de la Función Pública que permite a los servidores públicos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y con enfermedades crónicas, trabajar desde sus casas, argumentándonos, que si aplicaban esas medidas para todo el personal médico que padece diabetes e hipertensión, escasearía, porque es un gran número de médicos y enfermeras que lo tienen”, dijo un médico a este diario.

En México, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que hay 12 millones de personas portadoras de diabetes, aunque no lo saben, por la falta de cultura de detección temprana, para colocar a nuestro país en el noveno lugar de prevalencia a nivel mundial.

El ISSSTE no es la única institución de salud pública en el que los médicos tienen miedo, por su condición vulnerable, ante la enfermedad y la falta de insumos.

“A mí no me quieren dar licencia o adelanto de vacaciones, argumentando que somos el frente de batalla en estos momentos, y es cierto, pero no podemos estar en el frente si no contamos con los insumos necesarios, algunas doctoras ya compraron, incluso, cosas para protegerse, pero no tenemos cubrebocas ni batas, faltan protocolos de seguridad a la entrada de la clínica; personal médico sigue viniendo, incluso sin son diabéticos, hipertensos, embarazadas y estamos muy expuestos”, explicó una doctora de la Clínica Familiar Número 20 del IMSS.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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