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Indagan presunto vínculo de policía de Duarte con hallazgo de 166 cráneos en fosa de Veracruz

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz investiga la posible participación de elementos o exelementos de la policía estatal en la inhumación ilegal de por lo menos 166 personas, cuyos restos fueron descubiertos el día de ayer en más de 30 fosas clandestinas en el centro de dicha entidad. Los hechos habrían ocurrido en la gestión del exgobernador Javier Duarte.

Se trata de una de las líneas de investigación que tienen los fiscales especializados en búsqueda de personas desaparecidas de la entidad, y en la que tampoco se descarta el involucramiento de un grupo del crimen organizado.

De acuerdo con autoridades relacionadas con la investigación hay al menos dos elementos que dieron paso a la apertura de esta hipótesis. Una es que este nuevo hallazgo surge como resultado del seguimiento de varias pistas derivadas de los casos de desaparición forzada que se atribuyen a la policía estatal bajo el mando de Arturo Bermúdez, en el sexenio de Duarte.

Y el segundo elemento es que, como se anunció ayer, los primeros resultados tras 30 días de trabajo en la zona arrojan que los restos tendrían por lo menos dos años de antigüedad, con lo que se presume que las inhumaciones habrían ocurrido todavía en la administración del exgobernador priista.

Las autoridades consultadas indicaron que para confirmar o descartar esta hipótesis serán determinantes los resultados de las pruebas genéticas que se llevan a cabo con el apoyo de Policía Federal, y que tienen como objetivo obtener perfiles de ADN de los restos para compararlos con los de víctimas de desaparición forzada.

Cabe señalar que el hallazgo anunciado el día de ayer contempla un grupo de 32 fosas clandestinas localizadas en un terreno de aproximadamente 300 metros cuadrados en el centro del estado.

Se trata, según la Fiscalía, de una zona de muy difícil acceso, con barrancas contiguas y peligrosa por la operación de grupos criminales. La ubicación precisa de esta zona no se ha revelado oficialmente bajo el argumento de que es necesario proteger la integridad física de los servidores públicos que han trabajado en el lugar, así como preservar adecuadamente el lugar de los hechos.

La cifra de 166 personas inhumadas en esta área es preliminar pues corresponde a los cráneos encontrados en la zona, sin embargo, se calculan cientos de restos hallados que también serán estudiados para conocer a cuantas personas corresponden realmente.

Desaparecer como política de Estado
De acuerdo con las investigaciones que a lo largo del año ha hecho públicas la Fiscalía de Veracruz, en el sexenio de Javier Duarte la policía estatal bajo su jurisdicción tenía como una de sus políticas de actuación la privación ilegal de la libertad de personas que en muchos casos no volvían a ser vistas.

El pasado 8 de febrero dicha fiscalía anunció los resultados del operativo “Tiro de Gracia” a través del cual se ejecutaron 19 órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada en contra de elementos y exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos el del propio Arturo Bermúdez.

Se les responsabilizó de estar implicados en la desaparición de por lo menos 15 víctimas que habrían sido llevadas a la Barranca de la Aurora, cerca de la academia de policía en Xalapa, donde fueron inhumados clandestinamente.

En los meses posteriores a este anuncio se anunciaron nuevas detenciones y órdenes de aprehensión de mandos policiacos. El pasado 17 de junio se informó de la captura de Luis Ángel Bravo, exfiscal de justicia de Veracruz en el sexenio de Duarte, a quien se responsabiliza de haber encubierto el hallazgo de vario cuerpos vinculados con las desapariciones perpetradas por la policía estatal.

Y el pasado 6 de junio se reveló que un juez había girado una orden de desaparición forzada por desaparición forzada en contra del exgobernador Javier Duarte, quien actualmente está preso por diversos casos de corrupción. La Fiscalía lo responsabiliza de haber conocido de las situaciones antes descritas y no haberlo impedido.

Todos los casos anteriores están actualmente bajo proceso penal ante los jueces correspondientes, con excepción del de Javier Duarte que no se puede iniciar debido a que se necesita la autorización de Guatemala – país desde el que fue extraditado – para fincarle cargos distintos a los imputados inicialmente para su entrega.

De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz se investigan al menos 200 casos de personas desaparecidas en donde podría haber estado involucrada la policía estatal en el sexenio de Javier Duarte.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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