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México

Indígenas se pasan al lado oscuro del narco

DURANGO, DURANGO, 27 de mayo.— Por hambre, indígenas tepehuanos de entre 12 y 18 años están enrolándose a las filas del crimen organizado, donde los usan para cometer asaltos o secuestros, dijo el gobernador tradicional de Santa María de Ocotán, Andrés Morales Calleros.

La autoridad de la citada comunidad indígena que es parte del municipio de El Mezquital —uno de los diez más pobres del país—, sostuvo que los jóvenes han optado por una forma de vida que llegó a través de mestizos armados que un buen día irrumpieron en sus tierras.

Morales Calleros, quien es la autoridad tradicional de 14 mil tepehuanos, asegura que no alcanza a comprender por qué muchos jóvenes, no sólo de esa localidad, la más grande en extensión territorial, sino también de otras poblaciones como San Francisco de Ocotán, Santiago Teneraca, La Guajolota y La Candelaria también han decidido sobrevivir por ese camino.

Con relación al fenómeno, el presidente municipal de El Mezquital, Faustino Reyes, se muestra cauto y con dificultad responde cuando se le pregunta cuál es el motivo y si todos los comuneros se han sumado a esa peligrosa actividad: “Una parte sí es cierto eso. Hay unos que sí, pero no que sean todos los que se dedican a eso”, atina a decir.

Reyes, quien también es originario de Santa María de Ocotán, sostiene que el que algunos indígenas estén involucrados con en el narco ya no es un problema derivado sólo de la sequía, “lo que pasa es que ellos ya andaban en eso antes de que hubiera mucha hambre”, recuerda.

Se volvieron contra la tierra

“Estamos sufriendo, lo que no debería de ser, pero es que los muchachos no tienen trabajo. Los compañeros indígenas, los jóvenes, se están involucrando en malas cosas; ahora ya hacen asaltos o secuestros. El motivo es porque ya no hayan ni qué hacer (ante el hambre) los compañeros, los muchachos”, explica Morales Calleros.

El fenómeno llama la atención en ese municipio porque los indígenas no solían meterse en asuntos del narcotráfico. Señala Andrés Morales que ahora adolescentes y jóvenes, de entre 12 y 18 años, son quienes están optando por unirse a las filas de los grupos delicuenciales que operan en esa demarcación: Los Zetas y el cártel de Sinaloa.

Insiste en que esta situación tiene su origen en que en las zonas bajas y en la sierra los tepehuanos no tienen cosechas y sus animales sufren por la sequía, y a esto se suma la veda que impide explotar el bosque, la cual ya cumplió más de 10 años.

La gente tiene que subsistir lidiando con la falta de agua, con los entre cinco y diez kilos de maíz al mes que le llegan a cada familia con los apoyos emergentes de la sequía, pero eso no les alcanza, comenta.

Para Morales Calleros, los jóvenes que ahora son parte de células del narcotráfico en esa zona, aceptaron ser parte de ellos porque “los mentados narcos les ofrecieron un peso o dos, los animan, les prestan dinero, y después les cobran con intereses”.

Señala que a otros jóvenes les dan mil pesos “por ayudarles a buscar a alguien”, es decir, los hacen que encuentren a las personas que los sicarios van a levantar o a matar”, y ésa es la paga.

“No debería estar pasando esto, queremos que nos ayuden un poquito, para que los compañeros jóvenes no anden con los mestizos que los animan”, manifiesta el gobernador tradicional de Santa María de Ocotán al pedir que las autoridades federales les hagan llegar los subsidios por la sequía.

Su petición engloba también que se logre combatir el hambre, para que los tepehuanos no sigan optando por irse con los cárteles.

En El Mezquital, de diciembre de 2009 a la fecha se han registrado tres ataques a comunidades indígenas, en los cuales los comandos de los narcotraficantes han incendiado casas, escuelas, camionetas y tiendas de abasto.

Esos ataques han generado desplazados y que familias se queden sin casa mucho tiempo, porque los programas de reposición de las mismas, a más de dos años y medio, aún no han enviado los recursos.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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