El Instituto Nacional Electoral determinó que el fundador del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, violó la Constitución al efectuar un acto político en un recinto propiedad de la iglesia católica.
En consecuencia, con voto dividido, el Consejo General determinó imponer una amonestación pública al partido, por no haber garantizado la tradición laica del Estado Mexicano que prevé que los ciudadanos que hacen política no puedan valerse de símbolos y elementos de tipo religioso.
De acuerdo con la propuesta del consejero Ciro Murayama, el proyecto acredita en su totalidad que el acto realizado por Morena, nueve días después de obtener su registro como partido, se efectuó en un auditorio propiedad de la Parroquia Nuestra Señora de la Soledad, por lo que procede la sanción.
Sin embargo, el consejero Benito Nacif consideró que el INE carecía de las facultades para imponer dicha sanción ya que si bien existe una restricción constitucional sobre utilizar lugares de culto para reuniones de carácter político, existe el derecho a la libre reunión.
“Estamos hablando de que estamos en el caso de un ciudadano que está discutiendo asunto de interés público, y por lo tanto, no podemos restringir su derecho nosotros arbitrariamente sin tener la autoridad de determinar cuáles son esos lugares de culto”, dijo.
En este sentido, el representante de Morena ante el INE, Jaime Castañeda, aseguró que el evento en donde estuvo presente el ex candidato presidencial no es una situación de uso de un espacio religioso, ya que es un auditorio utilizado para distintos fines.
“Nosotros vamos a estar cuidando que no se nos acuse de cosas que no se están realizando. No es una situación de uso de un espacio religioso. No estamos ante ese supuesto y es el único lugar donde se pueden realizar eventos”, aclaró.
La autoridad electoral también ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización que realice las investigaciones necesarias para determinar si hubo aportación en especie por la utilización de dicho inmueble y que determine si está dentro de la legalidad.
Fuente: Milenio