Conecta con nosotros

México

INE detectó casi un millón de firmas irregulares para Revocación de Mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México informó que detectó casi un millón de firmas con inconsistencias durante el proceso de validación para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las inconsistencias detectadas se registraron 693 mil 209 en papel y otras 296 mil 980 se sumaron en la aplicación, esto para un total 990 mil 189 firmas con irregularidades como, entre otras: duplicado, defunción, pérdida de vigencia, bajas del padrón electoral, identificaciones con fotografía no válida y fotocopias.

En su reporte final de firmas captadas en formato físico y aplicación, el INE precisó que se recibieron 11.14 millones de firmas, de las cuales se validaron 3.45 millones.

Además, el Instituto señaló que de conformidad con lo establecido en los artículos 35, fracción IX párrafo 1 de la Constitución mexicana y 7 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, “se alcanzó el umbral de firmas de apoyo requerido por la normatividad en comento, incluyendo la dispersión del 3 por ciento de la Lista Nominal en al menos 17 entidades federativas”.

Según el reporte del INE, la mayoría de las firmas se generaron en los estados gobernados por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente López Obrador.

El pasado 18 de enero, el INE declaró superada la meta de 2.75 millones de firmas, el 3 por ciento del padrón electoral, para convocar a la primera consulta de Revocación de Mandato en la historia del país.

También dijo que las firmas superaron el 3 por ciento requerido en 21 entidades de un mínimo de 17 que obligaba la ley.

Con estos datos, “ya se cumplió el requisito” para convocar en abril próximo a la primera votación que preguntará a la población mexicana si el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, debe abandonar o permanecer en el cargo hasta el fin de su sexenio, en 2024.

El mandatario es el principal impulsor del ejercicio, por lo que la mayor cantidad de firmas las entregó Que Siga la Democracia, organización afín a López Obrador que promueve la votación como una “ratificación”.

El INE también expuso que en total se entregaron 3 mil 247 cajas con cerca de 9.75 millones de firmas.

La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque el mismo López Obrador la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.

Además, el INE ha argumentado que no puede realizar la consulta porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó 4 mil 913 millones de pesos para 2022.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto