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México

INE multó a Movimiento Ciudadano por aportación ilegal de la familia de Samuel García

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó una multa de más de 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano (MC) por la aportación ilegal al partido por parte de la familia a Samuel García Sepúlveda, gobernador electo de Nuevo León.

Ciro Murayama Rendón hizo pública la información a través de su cuenta de Twitter, en donde aseguró que quienes hayan incurrido en prácticas ilegales, serán sancionados.

“El @INEMexico impone una sanción de 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por haber recibido aportaciones de ente prohibido (empresas) de Nuevo León. El INE no tiene favoritismo alguno ni tampoco animadversión. Se sancionan conductas indebidas, sean de quien sean”, publicó en su red social.

Aunque el proyecto se aprobó, la consejera Electoral Carla Humphrey Jordan advirtió que este no cumplió con la exhaustividad requerida.

“A mi juicio sigue siendo deficiente porque no se hace cargo del destino final de la totalidad de los recursos. Lo cierto es que se dejaron de hacer ciertas diligencias que considero que se pudieron hacer, máxime cuando la sentencia es categórica para llevar a cabo todas las necesarias, es decir, se hizo un llamado del despliegue de esta autoridad para la exhaustividad”, aseveró.

MC es acusado de haber recibido 14 millones 26 mil 500 pesos por medio de una triangulación de recursos. En este esquema participaron la madre del entonces candidato Bertha Alicia Sepúlveda Andrade, y sus hermanos, Roberto Miguel y Catalina García Sepúlveda, así como su esposa, Mariana García.

De acuerdo con una investigación del diario Milenio, el dinero se habría triangulado desde SAGA Tierra y Bienes Inmuebles S.A. de C.V. No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la identificó como empresa fachada, de Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros.

La consejera explicó que el INE no hizo requerimientos a las dos Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de Nuevo León. Por esta razón agregó que se cumplió la orden del TEPJF de ir a fondo en la indagatoria.

A pesar de que se solicitó nuevamente la respuesta de las personas físicas involucradas, estas negaron que el dinero fuera de las empresas y que en realidad eran supuestas donaciones que hizo el padre de García Sepúlveda. Sin embargo, el INE recalcó que esto era un simulación.

TEPJF revocó la multa
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la multa millonaria impuesta por el INE contra García Sepúlveda.

De acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral emitida este miércoles 25 de agosto, la máxima autoridad revocó parcialmente, por unanimidad de votos, la resolución del Consejo General del INE que declaró fundado el procedimiento instaurado en contra del MC y su candidato a la gubernatura en NL por incumplir con la obligación de rechazar aportaciones de entes prohibidos.

De acuerdo con los quejosos, el egresado del Tec de Monterrey era presunto responsable de recibir aportaciones de “entes prohibidos”. Para argumentar su caso ante el instituto que dirige Lorenzo Córdova, se basaron en una entrevista en la que Samuel García manifestó que tres familiares suyos realizarían aportaciones a su campaña.

Una vez desahogado el procedimiento, el Consejo General del INE determinó que quedaron acreditadas distintas aportaciones a MC por personas morales realizadas por conducto de los familiares del candidato a la gubernatura por los más de 14 millones.

En consecuencia, y al estar prohibida esta conducta en la normativa electoral, el INE estableció una sanción a MC por un total de 28 millones 53 mil pesos, 200% del valor involucrado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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