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México

INE presentó controversia constitucional ante la SCJN contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022

Este martes 7 de noviembre trascendió que el Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2022, mismo que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 10 de noviembre.

De acuerdo a la información que fue difundida, el principal argumento que se presentó el secretario ejecutivo del Consejo General del INE, Edmundo Jacobo, fue que con el recorte que sufrió el órgano colegiado no se podrá realizar la posible consulta de Revocación de Mandato a la que está próximo a someterse el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en los primeros meses del año, en caso de conseguir las firmas necesarias para activar el proceso.

Asimismo, se reiteró que el presupuesto que fue otorgado resultaría insuficiente, debido a que el recorte de 4,913 millones de pesos no permitiría que, durante el mes de junio, se realicen en óptimas condiciones los procesos electorales en seis entidades federativas, a la par de otorgar el presupuesto que le corresponde a cada partido político por ley.

“El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados”.

“El INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado”, se pudo leer en el documento que emitió el Instituto.

En tanto, también se difundió que la Comisión Temporal de Presupuesto 2022 del INE discutirá y aprobará el ajuste de presupuesto para analizar cuánto dinero se puede recaudar para realizar la revocación de mandato, sin que los ahorros del instituto logren la cifra de 3,000 millones de pesos de déficit. Proyecto que podría pasar el próximo viernes al pleno del Consejo General del INE.

Conviene recordar que el presupuesto total del INE para el año 2022 asciende a 19,736,593,972 millones de pesos, los cuales se deberán repartirse entre el financiamiento para partidos políticos, el presupuesto base y la cartera institucional de proyectos y la consulta popular para revocación de mandato.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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