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México

INE registra casi 52 mil firmas irregulares en aplicación para apoyo a la revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) captó casi 52 mil firmas con irregularidades a través de la app para la captación de apoyo ciudadano a la revocación del mandato.

En el reporte de avance general actualizado al 21 de noviembre, el instituto registró un total de 490 mil 847 apoyos ciudadanos, de los cuales 12 mil 585 fueron duplicados por la misma persona que los promovió y 29 mil 789 fueron etiquetados con inconsistencias.

Mientras que otros 4 mil 816 corresponden a credenciales de elector dadas de baja y 4 mil 768 fueron de credenciales no encontradas en el padrón electoral.

En suma, los apoyos con irregularidades alcanzan las 51 mil 958 firmas, en un periodo de captación que inició el 1 de noviembre.

El proceso terminará el próximo 25 de diciembre, y al final de este se realizarán los cruces de información de cada promovente para determinar los registros duplicados, informó el INE.

La aplicación “Mi Apoyo”, en palabras del propio instituto, es una herramienta para recabar el apoyo de la ciudadanía y consiste en que las personas podrán firmar a favor de la revocación del mandato sin la mediación de auxiliares y sin salir de sus hogares.

Se determinó que la captación de firmas sería mediante la aplicación y también en formatos físicos de los promoventes registrados, los cuales deberán ser entregados únicamente en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del INE o en las juntas locales ejecutivas.

El INE aplazó la fecha para la realización de la revocación de mandato del día original, domingo 27 de marzo, al domingo 10 de abril de 2022.

Lo anterior con el objetivo de contar con tiempo suficiente para revisar los formatos de papel en la recolección de firmas para la convocatoria y realización del ejercicio, que tienen que alcanzar los 2.7 millones de apoyos ciudadanos que se requieren para ser llevado a cabo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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