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INE solicitará presupuesto para consulta sobre revocación de mandato de AMLO

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Para evitar que el INE tenga que realizar recortes a su presupuesto como ocurrió con la Consulta Popular para llevar a juicio a los ex presidentes mexicanos, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, dio a conocer que el órgano electoral ya contempla en su presupuesto para el 2022 los ejercicios de democracia participativa, entre ellos la posible consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En acatamiento a una resolución de la SCJN, el @INEMexico solicitará en su proyecto de presupuesto para 2022 los recursos necesarios para los probables ejercicios de democracia participativa que podrían promoverse, tanto Consultas Populares como Revocación de Mandato”, señaló el consejero en su cuenta de Twitter.

En el video que acompañó el mensaje, Córdova Vianello explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado a trabajar en el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2022, para lo cual crearon una comisión especial que laborará con todas las áreas del instituto para identificar qué es lo que se necesitará de cara al próximo año.

Asimismo, el consejero presidente detalló que el anteproyecto completo será aprobado por el Consejo General del INE a finales del mes de agosto, posteriormente será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que sea incluido en el presupuesto de egresos de la Federación que será remitido en el mes de septiembre a la Cámara de Diputados.

Agregó que se está contemplando que el presupuesto del órgano electoral esté dividido en tres rubros, por un lado “se solicitará el presupuesto ordinario” para un año sin elecciones federales, pero sí con seis procesos locales; “se incluirá la partida destinada a las prerrogativas de los partidos políticos”, un monto de alrededor de 5,800 millones de pesos; finalmente, acatando una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “se contemplará una partida para los probables ejercicios de democracia participativa” como la posible revocación de mandato.

Explicó que el gasto de los partidos políticos no es determinado por el INE, sino es la cantidad que arroja la fórmula establecida en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que el presupuesto “se determina multiplicando las personas registradas en el padrón electoral por el 65% de una unidad de medida ya actualizada”.

No es la primera vez que Lorenzo Córdova explica cómo el INE realizará la posible consulta para que la ciudadanía determine si el mandatario López Obrador se queda en su puesto o no. El pasado 5 de agosto, aseveró que la consulta no constará 9,000 millones de pesos, luego de diversos rumores que han surgido en la opinión pública.

Por medio de su cuenta de Twitter, el consejero Córdova Vianello aseguró que “es incorrecto” que el órgano electoral esté pensando en tal cantidad de dinero, ya que el ejercicio requiere mucho menos presupuesto debido a que no es una elección federal.

“Se ha estado difundiendo información sobre el costo de un eventual proceso de Revocación de Mandato, afirmándose que éste rondaría los 9 mil millones de pesos. Eso es incorrecto”, señaló mediante un hilo en su cuenta de Twitter.

También señaló que aún falta que el Poder Legislativo apruebe una ley secundaria que sentará las bases de los ejercicios de participación ciudadana, pero que aún no se ha llevado al pleno. Dicha jurisprudencia está pendiente desde el pasado mes de mayo cuando se realizó la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia,

secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los

reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el

temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única

reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando

cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta

rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o

desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando

todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos

hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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