El pasado viernes 10 de septiembre se dio a conocer que la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, tienen una orden de aprehensión en su contra por supuesto lavado de dinero realizado desde el año 2016.
También existe información en la que se presume que Álvarez Puga formó parte de un grupo selecto de amigos de Juan Collado, abogado encargado del divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), defensor de Raúl Salinas de Gortari y detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) acusado de delincuencia organizada.
Debido a que la pareja se encuentra prófuga de la justicia desde hace casi cuatro meses, el proceso ha sido lento y con pocos avances, aunque en diferentes ocasiones se han revelado algunos recursos legales interpuestos en su defensa para evitar la cárcel.
En esta búsqueda de libertad y cese a la persecución en su contra, el diario La Jornada publicó que Gómez Mont y su esposo han tenido acercamientos con la FGR para colaborar y tratar de obtener un criterio de oportunidad que les permita no pisar la prisión o, en dado caso, obtener una sentencia condenatoria baja.
De acuerdo con fuentes federales consignadas por ese periódico, la pareja otorgaría información a la dependencia federal para ubicar, detener y procesar a empresarios y ex funcionarios públicos que, durante años, defraudaron al fisco mediante empresas fantasmas.
“Los contactos para el acercamiento con funcionarios ministeriales se han a dado a través de abogados y, según los entrevistados, no se les ha otorgado ningún beneficio para evitar el enjuiciamiento”, reveló la publicación.
Asimismo, señalaron que la ubicación oportuna y captura de Gómez Mont y Álvarez Puga se ha complicado con el paso del tiempo, pues, según las investigaciones en su contra, se les ha visto en diversos países sudamericanos y en traslados por mar.
Este no es el primer recurso que buscan interponer a su favor. El pasado 27 de octubre se dio a conocer que la comunicadora aparentemente promovió otro amparo contra la negación de la FGR de no interrumpir el ejercicio de la acción penal en su contra.
En junio de este año, una jueza federal sí le dio a Gómez Mont un amparo. Este fallo ordenó a la Fiscalía de la República dejar sin efecto un acuerdo donde la presentadora solicitó que no se ejerciera acción penal en su contra por aparentemente desviar más de tres mil millones de pesos.
Supuestamente la ex colaboradora de Ventaneando cuestionó a la dependencia por continuar con la “absurda investigación”, argumentando que no se tienen las pruebas suficientes.
En una entrevista otorgada a la revista TvNotas a principios del mes de diciembre, la madre del primer esposo de Inés Gómez Mont, Javier Díaz, reveló que la conductora de programas de entretenimiento y deportes podría estar escondida en República Dominicana junto a su actual marido.
“Lo último que supe es que estaban en República Dominicana, pero no puedo asegurar que sigan ahí. Lo que sí puedo decir es que donde mis nietos estén, Javier va a ir por ellos”, señaló Tita Bravo.
Además, durante el mes de noviembre, las autoridades de Michoacán ubicaron un contrato de equipos de espionaje por 19 millones de dólares, cuya compra fue adjudicada a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de Gómez Mont.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador actual, confirmó el convenio suscrito entre la compañía de informática y su antecesor en el cargo, Silvano Aureoles, que consistía en el monitoreo de direcciones de IP en todos los municipios de la entidad.
Agregó que la vigilancia y actualización constante también conllevó la instalación de 12 terminales y pantallas. Entre las redes sociales que se vigilaron estuvieron Facebook y WhatsApp.
