La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la FGR citará a comparecer a influencers, artistas y youtubers que promovieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pese a la veda electoral.
El propósito es determinar quiénes son susceptibles del ejercicio de la acción penal no sólo por hacer proselitismo, sino por recibir dinero a cambio de ello cuando había una expresa prohibición legal, dijeron a El Financiero funcionarios federales.
De acuerdo con información obtenida, Fer Moreno, exintegrante del reality Acapulco Shore, es una de las personas que serán citadas por el Ministerio Público de la Federación. Públicamente aceptó que “no le pagaron tanto, sólo 10 mil pesos”.
Las autoridades consultadas señalaron que la carpeta de investigación incluye al PVEM.
Se trata de determinar si este partido político pagó a una agencia de publicidad para promover el voto a favor de los “candidatos verdes” y, esta a su vez dio dinero a los “famosos” involucrados en la posible comisión de delitos electorales.
Las aproximadamente 200 denuncias que han sido recibidas vía telefónica y por e-mail por estos hechos comenzaron a integrarse en una sola carpeta de investigación.
En la lista de quienes presuntamente pidieron el voto para el Verde Ecologista están Raúl Araiza -con abiertos vínculos con el partido desde hace años-, Celia Lora, Bárbara de Regil, Sherlyn, Laura G, Raquel Bigorra, Regina Murguía.
Julián Soto, Mariana Echeverría, Manelyk González, Brandon Peniche, Reno Rojas, Karla Díaz, Alex Strecci, Grettell Valdez, Karime Pindter, Tadeo Fernández, Fernando Lozada, Reno Rojas, Lambda García y Jey, entre otros.
En el caso del PVEM, se trata de detectar a las personas que supuestamente contrataron a la agencia de publicidad que habría realizado los pagos.
La Ley General de Delitos de Delitos Electorales contempla dos tipos de sanciones para estos casos.
“Artículo 7. Fracción II. Se impondrán de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo”.
Sin embargo, el Artículo 15 es más severo: “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.
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