Conecta con nosotros

México

‘Influencers’ son citados a comparecer por caso Partido Verde

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la FGR citará a comparecer a influencers, artistas y youtubers que promovieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pese a la veda electoral.

El propósito es determinar quiénes son susceptibles del ejercicio de la acción penal no sólo por hacer proselitismo, sino por recibir dinero a cambio de ello cuando había una expresa prohibición legal, dijeron a El Financiero funcionarios federales.

De acuerdo con información obtenida, Fer Moreno, exintegrante del reality Acapulco Shore, es una de las personas que serán citadas por el Ministerio Público de la Federación. Públicamente aceptó que “no le pagaron tanto, sólo 10 mil pesos”.

Las autoridades consultadas señalaron que la carpeta de investigación incluye al PVEM.

Se trata de determinar si este partido político pagó a una agencia de publicidad para promover el voto a favor de los “candidatos verdes” y, esta a su vez dio dinero a los “famosos” involucrados en la posible comisión de delitos electorales.

Las aproximadamente 200 denuncias que han sido recibidas vía telefónica y por e-mail por estos hechos comenzaron a integrarse en una sola carpeta de investigación.

En la lista de quienes presuntamente pidieron el voto para el Verde Ecologista están Raúl Araiza -con abiertos vínculos con el partido desde hace años-, Celia Lora, Bárbara de Regil, Sherlyn, Laura G, Raquel Bigorra, Regina Murguía.

Julián Soto, Mariana Echeverría, Manelyk González, Brandon Peniche, Reno Rojas, Karla Díaz, Alex Strecci, Grettell Valdez, Karime Pindter, Tadeo Fernández, Fernando Lozada, Reno Rojas, Lambda García y Jey, entre otros.

En el caso del PVEM, se trata de detectar a las personas que supuestamente contrataron a la agencia de publicidad que habría realizado los pagos.

La Ley General de Delitos de Delitos Electorales contempla dos tipos de sanciones para estos casos.

“Artículo 7. Fracción II. Se impondrán de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo”.

Sin embargo, el Artículo 15 es más severo: “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto