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México

Inhabilitan a ex director de bachilleres por darse compensación económica

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Mario Caballero Ramírez, director del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas durante la administración de Miguel Alonso Reyes.
Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas, detalló que la inhabilitación está recurrida ante el tribunal de lo contencioso-administrativo.
Trascendió que el uso de recursos públicos no acreditados y la auto compensación económica por un monto no revelado, dieron origen a la inhabilitación de Caballero Ramírez
Quedaron en firme tres observaciones, algunas de ellas por compensaciones que se otorgaron a 13 personas incluido el director (en ese entonces Mario Caballero), que no contaban con la autorización de la junta directiva, otras por algunas adquisiciones que no tenían el soporte documental”, mencionó Rey Ortiz.
Rafael Sánchez, actual director del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas confirmó que el licenciado Caballero Ramírez fue inhabilitado por un periodo de un año.
Los pocos recursos que recibe el COBAEZ, aunado a malos manejos económicos y administrativos mantienen con problemas financieros a la institución de nivel medio superior.
El colegio de Bachilleres vive una situación muy difícil, muy compleja derivada del presupuesto que recibe y que deja de recibir”, agregó el titular del Colegio de Bachilleres en Zacatecas.
Mario Caballero informó que por instrucción de sus abogados no hablará más al respecto; resaltó que el exgobernador Alonso Reyes lo dejó solo y destacó que no robó un centavo por lo que apelará la decisión de la Secretaría de la Función Pública.

Notimex

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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