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¿Por qué inhabilitaron a José Luis García?

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El polémico exfuncionario público ligado a César Duarte, ha dicho que hay personas que quieren verlo muerto.

Mientras era funcionario golpeó, discriminó y ridiculizó a sus subordinados.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por cuatro años al exsecretario de Desarrollo Social, José Luis Rodríguez García, por violencia institucional en contra de la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer), Emma Saldaña Loera.

La funcionaria denunció a Rodríguez García hace casi un año y este miércoles, la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya, notificó a las partes que si hubo faltas que acreditan la violencia institucional y discriminación.

Emma Saldaña también denunció al exfuncionario penalmente, y el proceso continúa su desarrollo. García habría ejercido violencia física contra la funcionaria que defiende precisamente a las mujeres, así como gritos, agresiones físicas y actos tendientes a ridiculizar a la denunciante y a sus subordinados.

«Por resolución del día de hoy emitida por Rocío Stefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública, se determina la inhabilitación por cuatro años a José Luis García, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, esto por haber incurrido en violencia institucional y laboral y un trato con gritos, agresiones físicas y actos tendientes a ridiculizar a la denunciante y a sus subordinados”, dice un comunicado enviado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

De acuerdo con el documento, la SFP tomó en consideración «el cúmulo de evidencias proporcionadas por ambas partes» y le dio veracidad a la denuncia presentada por Emma Saldaña.

El Cedehm asentó que la resolución es fundamental para los casos en los que las mujeres denuncian violencia, con independencia de la instancia en la que lo hagan.

En un programa radial el exfuncionario y exdocente aseguró que hay gente que incluso busca acabar con su vida aunque se reservó a decir nombres.

Violencia familiar y laboral: Denuncia penal pendiente.

Cuando fue llamado a declarar por la denuncia penal en su contra por violencia, José Luis García refirió que la última semana de mayo del 2015 su hija fue olvidada en Parral, luego de un concierto que ofreció la orquesta del Colegio de Bachilleres, de la que es integrante, y por teléfono le reclamó enojado a la mamá de la joven encargada de la orquesta.

Luego se declaró inocente y destacó que es la primera ocasión que se ve involucrado en un caso penal.

El tema fue discutido por Emma Saldaña y García en una reunión en el Museo Semilla, donde la víctima refirió que el exfuncionario le gritó.

La defensa de García mencionó a tres funcionarios como testigos (entre ellos el delegado de la Sedesol), quienes aseguraron que aquél no le gritó a la directora de Ichmujer.

Irma Saldaña, coadyuvante de Emma Saldaña, destacó que ese no es el único momento en el que José Luis García ejerció violencia verbal contra aquella, ya que en otra ocasión incluso hubo maltrato físico cuando la empujó y estrujó.

Precisó que uno de los casos en que José Luis García trató mal y despreció las demandas de Emma Saldaña fue cuando ella denunció en las reuniones de la Sedesol que el DIF estatal no otorgaba despensas a las víctimas, como se era su obligación.

Para no consignar al exfuncionario a un juzgado, el MP dijo que no hubo abuso de autoridad porque Saldaña es funcionaria. No obstante, el juez le aclaró que la ley no distingue entre la condición de cada persona, y toda persona, agregó, es sujeto de derecho.

El Ministerio Público también argumentó que no había relación laboral entre Saldaña y García porque el Ichmujer es autónomo, pero Rodríguez Gaytán explicó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que ese Instituto está dentro de la estructura organizativa y la esfera de competencia de la Sedesol.

En ese sentido, el juez determinó que el MP no atendió las reglas del procedimiento y perjudicó los derechos de la víctima, además de que no fundamentó su decisión y dejó inconclusa su investigación, por lo que debió reabrirla y sigue pendiente.

 

 

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Ciclistas denuncian tiradero ilegal de basura en trails de montaña

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Integrantes de la comunidad ciclista y usuarios habituales de trails de montaña denunciaron públicamente la disposición ilegal y reiterada de residuos en áreas naturales utilizadas para la práctica y entrenamiento de ciclismo de montaña, ubicadas en las inmediaciones de un establecimiento comercial.

De acuerdo con el comunicado difundido, en fechas recientes se ha detectado de manera constante la presencia de bolsas de basura, así como residuos orgánicos e inorgánicos, presuntamente generados por actividades comerciales cercanas y arrojados directamente sobre los trails y zonas naturales. Los denunciantes señalaron que esta práctica provoca un daño directo al ecosistema y representa un riesgo para la salud y seguridad de quienes utilizan estos espacios para actividades deportivas y recreativas.

La comunidad indicó que los trails afectados son utilizados de forma regular para entrenamiento, recreación y la realización de eventos deportivos, por lo que su deterioro impacta tanto al medio ambiente como a las personas que los mantienen y usan de manera responsable. También advirtieron que la acumulación de desechos afecta la flora y fauna del lugar y altera el equilibrio natural de la zona.

En el documento se subraya que la disposición de residuos en áreas naturales constituye una falta administrativa y, en algunos casos, puede configurarse como un delito ambiental, de acuerdo con la normativa municipal, estatal y federal vigente. Los denunciantes afirmaron contar con evidencia fotográfica y testimonios que documentan la situación.

Ante este escenario, la comunidad ciclista exigió el cese inmediato de cualquier tiradero de basura en los trails y zonas naturales, la correcta disposición de los residuos conforme a la ley y la limpieza y remediación de los espacios ya afectados. Asimismo, advirtieron que, de no observarse una solución pronta, presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades ambientales y municipales, además de continuar documentando y visibilizando los hechos.

El posicionamiento fue firmado por Leandro Caipirinha, en representación de usuarios y de la comunidad ciclista de montaña, quienes señalaron que su objetivo no es generar un conflicto, sino proteger el entorno natural, respetar los espacios deportivos y promover una convivencia responsable entre las actividades comerciales y la comunidad.

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