La inmunidad concedida al expresidente Ernesto Zedillo por el gobierno de Estados Unidos,  por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal, “implica violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y tendrá como resultado, proteger y encubrir a  responsables de crímenes de lesa humanidad”, declaró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El organismo, representante legal de los tsotsiles y copeticionario de la Organización Sociedad Civil Las Abejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que “quienes interpusieron la demanda civil en Estados Unidos no tienen la misma motivación de las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, sino que responden a intereses fácticos ligados a los grupos en el poder político del estado Mexicano.

“La demanda ante la corte de  New  Haven Connecticut, Estados Unidos no la presentaron Las Abejas,  no corresponde a su forma de actuar; los diez demandantes anónimos buscan una reparación de 50 mil dólares, contrario a la postura de Las Abejas que durante todos estos años ha mantenido la exigencia de justicia, verdad, no repetición, castigo a los  autores materiales e intelectuales de la masacre y reparación integral”, indicó el Frayba.

En un documento titulado “Inmunidad a Zedillo, política de encubrimiento” la Ong refiere que en 1994, los grupos en el poder pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron quienes ejecutaron el plan  contrainsurgente contenido en el manual de guerra Plan de Campaña Chiapas 94’, elaborado por la Secretaria de la Defensa Nacional; después, en el simulacro de alternancia de poder los grupos vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) se encargaron de proteger a los autores intelectuales  del PRI.

Vicente Fox Quezada como presidente de la república, con un militar en la Procuraduría General de la República Rafael Macedo de la Concha, se encargaron de cerrar la Unidad especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos civiles armados, sin ningún informe sobre el trabajo realizado.

Los resultados de todas estas investigaciones agrega el Frayba, no se conocieron para mantener también en secreto las indagatorias que apuntaban a la existencia y a la dinámica de los grupos paramilitares, documentadas por diversas organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

A su llegada al gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tocó ordenar la excarcelación de los autores materiales procesados por estos hechos, beneficiándolos con la  libertad.

En tanto en Chiapas, relata el organismo, bajo la camiseta del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el gobernador Juan José Sabines Guerrero en el 2007, abrió una nueva
Fiscalía para investigar los hechos de Acteal.

Sin embargo, en lugar de cumplir la finalidad para la que fue creada; facilitó a los abogados de los demandantes anónimos en Connecticut, una prueba presentada como anexo, el  cual es un balance de información de las indagatorias efectuadas por dicha  fiscalía.

También el mismo gobierno de Juan Sabines proporcionó tierras,  viviendas a los perpetradores materiales excarcelados por la SCJN.

Para el Frayba, es indignante que integrantes del PRI, PAN, PRD  instrumentalicen a las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos para sus fines políticos e intereses económicos. “Es evidente, cuando  el Estado mexicano primero facilitó las pruebas contra Zedillo, pero al mismo tiempo  está pidiendo su inmunidad”.

El organismo que preside el obispo Raúl Vera López, se pronunció en contra de que se otorgue impunidad a Ernesto Zedillo, a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, quienes en la cadena de mando, tuvieron conocimiento y actuaron por acción y omisión.

“Afirmamos que Ernesto Zedillo Ponce de León como comandante supremo de las fuerzas
armadas en el país, es plenamente responsable por acción y omisión de la Masacre de Acteal al implementar una política de contrainsurgencia en el estado de Chiapas”, manifestaron.

Por lo que conceder la inmunidad, implica violaciones al derecho internacional de los  derechos humanos y tendrá como resultado, proteger y encubrir a responsables de crímenes de lesa humanidad.

Finalmente el Centro de Derechos Humanos subrayó que, junto con Las Abejas, seguirá en la lucha para alcanzar justicia, la verdad, la reparación integral y no repetición de los hechos a través de la petición admitida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la construcción de otra justicia desde la dignidad de los pueblos que crean alternativas de vida, donde sepultemos la cultura de la masacre, violencia estructural y discriminación contra los pueblos.