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Inseguridad y casas abandonadas, de los principales problemas para capacitar: IFE

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Inseguridad asociada con el crimen organizado, viviendas abandonadas, altos índices de analfabetismo, alcoholismo y drogadicción fueron algunos de los problemas que los capacitadores del Instituto Federal Electoral (IFE) tuvieron que enfrentar al momento de reclutar a los más de dos millones 300 mil ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla en las elecciones federales del 1 de julio.

En 9,311 de las 66,740 secciones electorales – casi el 15% del total –, el personal del IFE tuvo que tomar medidas como solo trabajar durante jornadas diurnas, en pareja y bien identificados para evitar ser atacados o incluso confundidos con miembros de grupos delictivos, detallaron los vocales ejecutivos y de capacitación de estados como Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua.

Por otro lado, en entidades como Chiapas y Guerrero, las dificultades se presentaron al toparse con poblaciones casi totalmente analfabetas o que no hablaban español, por lo que tuvieron que reclutar específicamente a capacitadores bilingües o negociar con las autoridades indígenas para que se les apoyara con la traducción de su lengua al castellano.

Si bien el IFE reportó que su primera etapa de capacitación concluyó satisfactoriamente, y pudo reclutar al personal necesario para la instalación de 143,000 casillas previstas para la votación federal, algunos representantes estatales recordaron que tuvieron que enfrentar diversas dificultades para poder llegar a este punto a la segunda etapa, que inició el 8 de mayo y en la que se nombrará a los funcionarios de casilla antes del 30 de junio.

De cómo capacitar en medio de la inseguridad

En un informe de la dirección ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE, fechado al 26 de abril del 2012, se detalla que 3,940 secciones electorales  (5.90% del total) fueron clasificadas bajo el concepto de “sección de atención especial”, por estar en zonas de alta inseguridad pública. Es decir, son zonas donde se presentan problemas relacionados con el pandillerismo, el vandalismo, la comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas y la presencia de personas armadas.

Esto quiere decir que en dos de cada cinco “secciones de atención especial”, los capacitadores del IFE tuvieron que tomar precauciones específicas para no ser víctimas de la inseguridad.

“Tuvimos que ir a la luz del día, fuimos en pareja, identificados no solo con una credencial o un gafete sino con un uniforme visible y la verdad en algunos casos requerimos vehículos que iban debidamente identificados”, contó Sergio Bernal, vocal ejecutivo del IFE en Nuevo León. Lo mismo sucedió en estados como Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.

Las “secciones de atención especial” son lugares en los que el instituto debe implementar mecanismos especiales para poder operar tanto para la capacitación como para la instalación de casillas, dado que podrían representar un riesgo para su personal.

Las entidades con el mayor número de secciones relacionadas con la inseguridad se ubicaron en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Coahuila; en total este fenómeno afectó a 25 de las 32 entidades del país.

Los municipios con la mayor cantidad de “secciones de atención especial” por inseguridad fueron Ciudad Juárez, en Chihuahua; Río Bravo, en Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León. En estos tres municipios se concentraron 623 de las 3,940 “secciones de atención especial” lo que representa el 16%.

En el caso de Ciudad Juárez, tanto la Secretaría de Gobernación como la Procuraduría General de la República (PGR) lo han ubicado como el municipio en el que mayor número de muertes relacionadas con el crimen organizado se han registrado en el presente sexenio.

Con información de

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ICHITAIP resolvió 794 expedientes en primer cuatrimestre de 2026

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El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública informó que del 5 de enero al 29 de abril resolvió 794 expedientes relacionados con recursos de revisión y acuerdos, como parte de sus funciones en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

De acuerdo con el reporte presentado por el organismo, los asuntos fueron atendidos por el comisionado presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, así como por las comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, integrantes del Pleno.

Del total de expedientes resueltos en el primer cuatrimestre del año, 284 correspondieron a recursos de revisión promovidos por usuarios del sistema de acceso a la información en contra de distintas autoridades que negaron datos solicitados.

Además, 510 casos fueron concluidos mediante acuerdos emitidos por el órgano garante estatal.

En el desglose mensual de recursos de revisión, enero concentró el mayor número de resoluciones con 111 expedientes. Le siguieron febrero con 77, abril con 64 y marzo con 32.

Respecto a los acuerdos, marzo registró la cifra más alta con 165 asuntos atendidos. Posteriormente se ubicaron febrero con 153, enero con 105 y abril con 87.

El instituto señaló que ambas figuras jurídicas forman parte de los mecanismos legales con los que cuenta para garantizar la protección constitucional de las personas que ejercen su derecho de acceso a la información.

También indicó que estos instrumentos permiten atender posibles incumplimientos por parte de los sujetos obligados en materia de transparencia.

Hasta el momento, el organismo no ha informado nuevas metas adicionales para el siguiente periodo del año.

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