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Insta ONU a México a fijar salario que garantice alimentación

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El relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Olivier De Schutter, recomienda al Gobierno de México que establezca un salario mínimo que garantice que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y las de sus familiares.

Esta es una de las sugerencias que recoge el informe del relator sobre este país latinoamericano presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

De Schutter visitó México entre el 13 y el 20 del pasado mes de junio y tras su misión concluyó que el país «debería fortalecer su marco legislativo e institucional mediante la aprobación de una ley sobre el derecho a la alimentación» .

Para consolidar esta estrategia, el relator propuso el establecimiento de un salario mínimo para mejorar la situación de los jornaleros agrícolas, en particular la de los migrantes.

Asimismo, instó al Gobierno a desarrollar políticas agrarias que luchen efectivamente contra la pobreza rural y a reorientar «una porción significativa» del gasto público en agricultura hacia los pobres mediante programas específicos.

De Schutter también defendió la necesidad de reducir «significativamente» los subsidios de la tarifa 9 -un proceso que promovió la sobreexplotación de los acuíferos más importantes del país- para reasignar «una proporción importante del gasto actual» a las técnicas de riego por goteo y los cultivos que requieren menos agua.

«Estas técnicas tienen la ventaja adicional de ser favorables a los pobres, ya que algunos pequeños agricultores que sufren de inseguridad alimentaria viven en entornos áridos y dependen de esos programas para volver a tener unos medios de vida dignos», agregó el relator.

Finalmente, sugirió al Gobierno que continúe aumentando el «ya impresionante» número de programas sociales en apoyo del acceso de las familias de bajos ingresos a los alimentos.

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México

Hacienda asegura que ajuste al IEPS no elevará el precio de las gasolinas

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, aseguró que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no provocará incrementos en el precio final de los combustibles a partir del 1 de enero. Las dependencias federales señalaron que el ajuste anual por inflación, previsto en la ley, será absorbido sin afectar a los consumidores, por lo que se mantendrá la estabilidad en las estaciones de servicio del país.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión se sustenta en la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, vigente desde marzo de este año. El esquema contempla un acuerdo voluntario con empresarios del sector para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina regular, conocida como magna o de menor a 91 octanos. El objetivo es evitar que las variaciones en los mercados internacionales de hidrocarburos impacten en la economía de las familias.

Las autoridades indicaron que el compromiso se mantendrá pese a la actualización del IEPS, por lo que el precio en bomba no deberá registrar cambios significativos al inicio de 2026. La administración federal subrayó que este mecanismo forma parte de una política para preservar la estabilidad económica y contener presiones inflacionarias en los energéticos.

En las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que el impuesto para la gasolina magna será de 6.70 pesos por litro, mientras que para la gasolina premium se fijó en 5.65 pesos y para el diésel en 7.36 pesos por litro. Hacienda precisó que estos montos responden únicamente a un ajuste técnico por inflación y no modifican los términos del acuerdo con los distribuidores de combustibles.

El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a los precios finales para verificar que se respete el tope acordado en las estaciones de servicio. Con ello, se busca despejar dudas sobre posibles aumentos al cierre de año y garantizar que el ajuste fiscal no se traduzca en un alza para los consumidores. Asimismo, se reiteró que cualquier cobro que supere los límites establecidos puede ser reportado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

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