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México

Integrantes de “El Machete” se reunieron con autoridades para solucionar el conflicto en Pantelhó

ntegrantes del grupo de autodefensas “El Machete” se reunieron con autoridades de Chiapas y federales, para entablar un diálogo que permita solucionar el conflicto que ha provocado el desplazamiento de cientos de familias indígenas.

En el encuentro realizado en un jardín de niños ubicado en el municipio de Pantelhó, las autodefensas pidieron a las autoridades reconocer la presencia del crimen organizado en el lugar; castigo para los generadores de violencia, así como una auditoría para el expresidente municipal Santos Hernández y la presidenta actual, Delia Janeth Velasco Flores de quien pidieron su destitución, así lo reportó Noticieros Televisa.

También pidieron la creación de un consejo municipal con autoridades que nombren las 86 comunidades y los 18 barrios.

Advirtieron que no permitirán que tome posesión el presidente electo Raquel Trujillo, esposo de la alcaldesa, señalados de ser parte del grupo delictivo “Los Herrera” a quienes responsabilizan de la violencia en el municipio.

Los integrantes de "El Machete" exigen que se lleve a cabo una auditoria a la ahora presidenta municipal Delia Velazco Flores, así como el encarcelamiento y destitución del ahora presidente electo Raquel Trujillo Morales. FOTO: JOSE SANTÍS /CUARTOSCURO/ARCHIVOLos integrantes de «El Machete» exigen que se lleve a cabo una auditoria a la ahora presidenta municipal Delia Velazco Flores, así como el encarcelamiento y destitución del ahora presidente electo Raquel Trujillo Morales. FOTO: JOSE SANTÍS /CUARTOSCURO/ARCHIVO

“Aquí en Pantelhó ya no tendrán lugar para el gobierno los malos ayuntamientos tanto de Delia Janeth Velazco Flores y Raquel Trujillo Morales y el uno de octubre tendremos nuestras nuevas autoridades bajo la elección del pueblo de Pantelhó”, advirtió Pedro López, comisionado de las 20 autoridades de Pantelhó.

De acuerdo con lo reportado por el medio, en la reunión también se habló del tema de las más de 20 personas presuntamente retenidas por los autodefensas el pasado 26 de julio.

“Les insistimos como gobierno estatal y federal que es importante que se tenga una evidencia de vida para saber en qué situación, en qué estado se encuentran los retenidos”, señaló Josefina Elizabeth Bravo Rangel, comisionada para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México.

Será hasta el próximo viernes cuando se realice la segunda mesa de diálogo para dar respuestas a las peticiones recibidas.

Desde el pasado 27 de junio, pobladores y autodefensas tomaron el control de la cabecera municipal de Pantelhó, después de varios actos violentos, enfrentamientos y balaceras que provocaron el desplazamiento de decenas de familias indígenas.

Días después, en la madrugada del 7 de julio, el grupo autodefensa “El Machete” irrumpió en la cabecera municipal para enfrentar a los grupos del crimen organizado que han aquejado a la población de Los Altos de Chiapas.

Foto: REUTERS/Jacob García/ ArchivoFoto: REUTERS/Jacob García/ Archivo

Tras su aparición, “El Machete” recordó que hace 20 años el municipio indígena de Pantelhó fue tomado por la fuerza por Austroberto Herrera Abarca, detenido a finales de julio del 2019, y a quien señalaron, le abrió las puertas al crimen organizado además de asesinar a unos 200 tzotziles que se opusieron a sus actividades delictivas.

Sin embargo, tras la detención de Austroberto, sus hijos Rubén y Daily Gutiérrez Herrera tomaron el control, por lo que la violencia, los homicidios y los despojos de tierras no cesó, ante la indiferencia de las autoridades federales y estatales.

Acusaron a la presidenta municipal actual, Delya Janeth Flores Velasco y al electo, Raquel Trujillo Morales, de ser parte del grupo delictivo “Los Herrera”, por lo que consideraron, continuará la violencia y derramamiento de sangre

Durante la noche del lunes 26 y martes 27 de julio, integrantes de “El Machete” buscaron casa por casa a los presuntos sicarios acusados de estar al servicio de las autoridades locales y asesinar a gente inocente.  En medio de la búsqueda, destruyeron decenas de casas y quemaron algunos vehículos.

Los integrantes de “El Machete” negaron ser terroristas y pidieron a los desplazados volver a Pantelhó. Aseguraron que la irrupción al palacio municipal tiene como objetivo sacar a los sicarios del municipio, por lo que negaron cualquier acto de “racismo” contra los mestizos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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