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Interpusieron 266 mujeres denuncias por violencia obstétrica

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Entre enero de 2014 y junio de 2015, 266 mujeres que sufrieron violencia obstétrica interpusieron una queja en las secretarías de salud estatales; de ellas, 130 son de Guerrero, lo que representa 48% del total, según lo documentó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su informe “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”.

El estudio analiza los abusos cometidos por el personal de salud en clínicas, centros de salud y hospitales hacia las mujeres que acuden a dar a luz, y la inacción del Estado mexicano para lograr una rendición de cuentas y frenar la impunidad.

Un ejemplo de violencia obstétrica es el caso de una mujer indígena de Oaxaca que dio a luz en un jardín, debido a que los médicos no la recibieron en el hospital pese a que ya había iniciado el trabajo de parto.

Los investigadores hicieron solicitudes de información sobre las denuncias en diferentes instancia y encontraron que en las secretarías de salud, hubo 266. De ellas, 130 ocurrieron en Guerrero, 54 en Morelos; en Distrito Federal, 18; en el Estado de México, 14 e igual número en Veracruz.

Mientras que en Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas no se registraron casos de violencia obstétrica, indica el estudio dirigido por Regina Tamés.

De acuerdo con la especialista en violencia de género y salud, Marbella Camacaro, la violencia obstétrica existe a partir de la “institucionalización de los partos”, cuando se cambiaron las casas por hospitales para el nacimiento de los bebés.

Incluso advierte que si los hospitales son lugares donde se tratan enfermedades, por qué se piensa que son el sitio ideal para traer una nueva vida. Esto significa que “estamos patologizando lo natural, naturalizando lo patológico”.

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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