Conecta con nosotros

México

Interrumpen embarazo más de 77 mil mujeres en cinco años: Inmujeres-DF

En cinco años, desde que tienen vigencia las reformas que despenalizan el aborto en la capital, 77 mil 524 mujeres han acudido a hospitales públicos para interrumpir su embarazo, informó el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF).

En el quinto aniversario de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal que permiten la interrupción legal del embarazo, el instituto indicó que la modificación mejoró las condiciones de salud y seguridad en los hospitales públicos de la Ciudad de México.

En un comunicado, detalló que del total de mujeres que ha recurrido a este procedimiento hasta el 16 de abril de este año, 57 mil 085 son capitalinas; mientras que 17 mil 872 residen en el estado de México; además de que atendió a más de 42 mil mujeres vía telefónica.

Detalló que 39.1 por ciento tiene nivel de estudios de educación media superior y 30.4 por ciento terminó la secundaria; en tanto, 52.9 por ciento son solteras y 2.6 por ciento son divorciadas.

Como parte de los lineamientos de la Ley de Salud en materia de prevención de embarazos no deseados, expuso que Inmujeres-DF brinda acompañamiento y asesoría gratuita a través de 16 unidades delegacionales.

Además, ofrece asesoría en materia de derechos sexuales y reproductivos, educación sexual y prevención de infecciones por esa vía, abundó.

También mencionó que se trabaja de manera coordinada con la sociedad civil para proponer mejoras que permitan la eficiencia y perfeccionamiento de este servicio de salud.

El derecho a elegir de forma voluntaria y libre la maternidad y a decidir la interrupción de un embarazo se fundamenta en una serie de derechos humanos, como la igualdad y la no discriminación, remarcó.

Asimismo, indicó, tiene sustento en el derecho a la vida, la seguridad, la libertad de pensamiento, la conciencia y la religión, derechos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y diputada del PRD, Beatriz Rojas, destacó que con el impacto social de la reforma al Artículo 144 del Código Penal, se incrementó el número de llamadas para solicitar información.

Las llamadas telefónicas para solicitar información sobre la interrupción legal del embarazo registraron en 2007 la cantidad de un mil 906 en el Iletel, y para 2011 la cifra llegó a 13 mil 645, concluyó.

Clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto