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Interrumpen embarazo más de 77 mil mujeres en cinco años: Inmujeres-DF

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En cinco años, desde que tienen vigencia las reformas que despenalizan el aborto en la capital, 77 mil 524 mujeres han acudido a hospitales públicos para interrumpir su embarazo, informó el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF).

En el quinto aniversario de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal que permiten la interrupción legal del embarazo, el instituto indicó que la modificación mejoró las condiciones de salud y seguridad en los hospitales públicos de la Ciudad de México.

En un comunicado, detalló que del total de mujeres que ha recurrido a este procedimiento hasta el 16 de abril de este año, 57 mil 085 son capitalinas; mientras que 17 mil 872 residen en el estado de México; además de que atendió a más de 42 mil mujeres vía telefónica.

Detalló que 39.1 por ciento tiene nivel de estudios de educación media superior y 30.4 por ciento terminó la secundaria; en tanto, 52.9 por ciento son solteras y 2.6 por ciento son divorciadas.

Como parte de los lineamientos de la Ley de Salud en materia de prevención de embarazos no deseados, expuso que Inmujeres-DF brinda acompañamiento y asesoría gratuita a través de 16 unidades delegacionales.

Además, ofrece asesoría en materia de derechos sexuales y reproductivos, educación sexual y prevención de infecciones por esa vía, abundó.

También mencionó que se trabaja de manera coordinada con la sociedad civil para proponer mejoras que permitan la eficiencia y perfeccionamiento de este servicio de salud.

El derecho a elegir de forma voluntaria y libre la maternidad y a decidir la interrupción de un embarazo se fundamenta en una serie de derechos humanos, como la igualdad y la no discriminación, remarcó.

Asimismo, indicó, tiene sustento en el derecho a la vida, la seguridad, la libertad de pensamiento, la conciencia y la religión, derechos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y diputada del PRD, Beatriz Rojas, destacó que con el impacto social de la reforma al Artículo 144 del Código Penal, se incrementó el número de llamadas para solicitar información.

Las llamadas telefónicas para solicitar información sobre la interrupción legal del embarazo registraron en 2007 la cantidad de un mil 906 en el Iletel, y para 2011 la cifra llegó a 13 mil 645, concluyó.

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México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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