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México

Investiga la PGR ataque contra helicóptero

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), iniciaron las investigaciones por el ataque y caída del helicóptero Cougar, matrícula 1009, de la Fuerza Aérea Mexicana, ocurrido el pasado viernes 1 de mayo.

Fuentes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal informaron que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la dependencia, inició el expediente en el que se investigará el ataque a la aeronave, con un saldo de tres militares muertos, otros 12 tripulantes heridos y tres desaparecidos.

Se informó que en el helicóptero Cougar viajaban 18 elementos, cinco encargados de la tripulación, 11 integrantes del Ejército Mexicano y dos integrantes de la Policía Federal que se iban a incorporar a la Operación Jalisco, que inició el viernes pasado en esa entidad para inhabilitar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se detalló que los peritos civiles y militares se trasladaron al lugar en donde la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, luego del ataque realizado por presuntos integrantes de esa organización criminal, que viajaban en un convoy de camionetas.

El ataque, presuntamente realizado con armas largas, ocurrió el mediodía del viernes en la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, aproximadamente a 240 kilómetros de Guadalajara, mientras que en esta capital ocurrían bloqueos carreteros con vehículos incendiados e incendios a gasolinerías y otros establecimientos comerciales.

Se explicó que los 12 tripulantes heridos, del Ejército y la Policía Federal, fueron trasladados al Hospital Central Militar en la Ciudad de México, para recibir la atención, sin que se detalla la condición de salud de los mismos.

Las fuentes consultadas explicaron que en las próximas horas el personal ministerial de la Subprocuraduría de Control Regional comenzará a recabar las declaraciones del personal que lo pueda hacer, para conocer las condiciones en las que ocurrió el ataque a la aeronave.

Indicaron que hasta la noche del domingo las personas detenidas por los narcobloqueos del viernes en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima, seguían a disposición de autoridades locales.

Por otra parte, elementos del Ejército comenzaron a retirar los vehículos quemados utilizados para bloquear calles y carreteras de Jalisco.

Desactivan la alerta roja

En Jalisco el semáforo de alerta pasó de rojo a naranja en cuestión de seguridad, al haberse confirmado 48 horas de relativa calma en Guadalajara y poco más de 24 horas en las costas vallartenses.

La vigilancia policiaca en las calles y en las entradas a la ciudad se mantiene para garantizar la seguridad a los vacacionistas que aprovecharon el puente largo.

Por otro lado, el cardenal tapatío José Francisco Robles Ortega lamentó que los hechos violentos registrados en la entidad el pasado fin de semana tengan como fin desestabilizar al gobierno y mermar la confianza ciudadana en ellos.

“El crimen organizado quiere que las personas se sientan inseguras y que culpen a las autoridades de todo para que en su vulnerabilidad ellos puedan ofrecer la protección que todo mexicano quiere, como sucedió en Michoacán, sólo que sería a costa de permitir la delincuencia y el narcotráfico”, señaló el prelado después de la misa en la Catedral.

Asimismo, el gobernador guanajuatense Miguel Márquez Márquez informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quienes solicitó reforzar la seguridad de la zona que limita con Jalisco, donde se presentaron diversos bloqueos organizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un balance de los hechos,Márquez Márquez, indicó que no hubo nada que lamentar ni lesionados, pero… sí un coletazo de lo que está sucediendo en Jalisco”.

Fuente: Imagen

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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