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México

Investigación de la Fiscalía chihuahuense contra abogado, involucra a Salinas de Gortari-

La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, por peculado, involucra al expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Así lo dio a conocer Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, durante una entrevista para el programa ABC Noticias, donde además señaló que por medio de un contrato simulado de servicios profesionales en materia jurídica, Collado Mocelo dio pie a que el exgobernador César Duarte y Salinas de Gortari desviaran 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua.

Esta suma, sostuvo Corral Jurado, formó parte del compromiso que César Duarte tuvo con el expresidente mexicano para que este impulsara su candidatura a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Duarte quiso ser presidente nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser Presidente de la República”, explicó el Gobernador chihuahuense en el noticiero estatal.

Y detalló que este “modelo” de desvío de recursos públicos a través de servicios jurídicos por parte de Collado Mocelo, ya fue replicado en diferentes entidades del país, con las cuales han compartido información “por si quieren tomar cartas en el asunto”, aunque no específico el nombre de los estados.

La Fiscalía General de Chihuahua cumplimentó este martes una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo por el delito de peculado.

La orden se ejecutó el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde el abogado se encuentra detenido.

De acuerdo con la acusación de la FGE, Collado Mocelo se habría beneficiado con 13.7 millones de pesos durante la administración del exgobernador César Duarte.

El delito de peculado agravado por el que se le investiga lo habría cometido afectando los recursos del estado de Chihuahua en solución con exfuncionarios públicos entre 2013 y 2014.

Los primeros reportes señalan que los desvíos se habrían realizado a través de la simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica mediante la Secretaría de Hacienda estatal.

Fuente: Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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