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Investigación revela pruebas que evidencian montaje en enfrentamiento en Nuevo Laredo

Los cuerpos de ocho presuntos integrantes del Cártel del Noreste que murieron en un supuesto enfrentamiento, que ocurrió la madrugada del 5 de septiembre, fueron expuestos con vestimenta tipo militar y armas largas junto a ellos, sin embrago, los uniformes no correspondían con las tallas de los fallecidos, todos eran más grandes que quienes los portan, e incluso, otro hombre portaba unas botas ambas del pie derecho.

Por tal motivo, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas inició una carpeta de investigación que señala las circunstancias de estos acontecimientos, mismas que ya están siendo investigadas para determinar la forma en que sucedieron los hechos; de acuerdo con la información inicial, la cual señaló que policías estatales sostuvieron un enfrentamiento con civiles armados, además se presentaron pruebas que refuerzan lo denunciado por el comité de Derechos Humanos del estado que aseguran se trató de una ejecución extrajudicial y de un montaje.

Las imágenes obtenidas por En Punto muestran a Severiano Treviño, exempleado de una refresquera, vestido con uniforme militar y casco.

Cuando estábamos dormidos mi papá vestía short y andaba en sandalias, los policías estatales lo obligaron a ponerse un uniforme tipo militar, botas y casco negro, así fue como apareció muerto”, comentó Kassandra Treviño, sobreviviente.

El interior de la casa de Severiano, ubicada en el cruce de Calle 10 y Calle 7 en la colonia Valles de Anáhuac, no presentó impactos de bala pese a que ahí se habría registrado el supuesto enfrentamiento.

No se escuchaba como si hubiera sido balacera, solo se escuchaba que disparaban una vez, pasaban segundos y disparaban otra vez”, aseguró Melissa Treviño, sobrina de Severiano y testigo.

Las casas aledañas tampoco presentan impactos de bala en sus fachadas, como tampoco hubo civiles o policías heridos…

Constatamos que no había huellas de un enfrentamiento donde ocho personas armadas se enfrentan con más de 20 unidades de vehículos de policía estatal y militares”, aseguró Raymundo Ramos, presidente del comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El informe del comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señaló que, en al menos tres de las víctimas, la prueba de radizonato para detectar si habían manipulado armas de fuego, dio negativo, además, cuatro de las armas ubicadas junto a los cadáveres nunca fueron accionadas; su posición, a diferencia de otros enfrentamientos y de acuerdo con el informe del comité, indica que fueron colocadas junto a los cuerpos.

Fuente: Noticieros Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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