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México

Investigadores mexicanos crean Índice Global de Impunidad 2015

MÉXICO, D.F.- La seguridad, el sistema de justicia y el nivel de respeto a los derechos humanos, tales como los desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y el número de personas torturadas o encarceladas —incluso por razones políticas— son indicadores claves para medir la impunidad en un País. Bajo este enfoque un grupo de investigadores mexicanos se dio a la tarea de estudiar el fenómeno en el mundo.

El rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista, y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Puebla, presentarán este domingo el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, una investigación basada en datos oficiales y no en percepción.

Todo este proceso está vinculado a la disponibilidad de recursos físicos y humanos en los sistemas de seguridad y justicia, puesto que ante la falta de éstos la probabilidad de que exista mayor impunidad incrementa.

El IGI 2015 está basado en una serie de indicadores que permiten medir y comparar el grado de impunidad que permea en dichas naciones, pero además deja abierta la oportunidad para futuras actualizaciones y la elaboración de propuestas concretas de política pública.

El IGI indica que el pilar básico para la construcción de la democracia es la administración de la justicia.

El caso de México

Falta atender impunidad en el País. En el caso de México se menciona que a pesar de suscribir leyes y cláusulas contra la corrupción, no se han logrado implementar las políticas para su erradicación. Esto es, que si se combatiera el problema de la impunidad, se podría reducir la corrupción en sus diferentes niveles de Gobierno.

Señala que uno de los temas indispensables al hablar de impunidad es el respeto a los derechos humanos, “ya que es el propio Estado el que viola las normas y generalmente estas acciones quedan sin sanción”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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