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México

Investigan fraude con las pruebas de VIH-Sida en Veracruz

El gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó más de 9 millones de pesos por un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida para mujeres embarazadas, que resultaron inservibles al dar resultados falsos.
Estos estudios formaron parte del Programa de Salud Maternal y Perinatal para la determinación de anticuerpos en suero y plasma, o suero, plasma y sangre total anti VIH1 y VIH2.
De acuerdo con una denuncia penal interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 2014 y notificada a la Contraloría General del Estado, funcionarios de la Secretaría de Salud y Asistencia adquirieron en una licitación pública el lote de pruebas.
Sin embargo, la Dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud detectó que daban falsos positivos y negativos, por lo que ordenó a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardarlas para que el proveedor las recogiera y las repusiera.
Según los documentos, la empresa Comercio y Servicios Administrativos del Golfo SA. de CV, simuló la reposición y sólo cambió las cajas de empaque, pues tenían el mismo número de lote de las anteriores.
Sin embargo, la administración duartista pagó 9 millones 49 mil pesos a la empresa, por lo que el entonces secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación y notificó los hechos a la Contraloría General del Estado.
La historia de corrupción. De acuerdo con el oficio número SESVER /DAJ /DCA /AP /4303 / 2014, el 30 de diciembre de 2011 el área de Servicios de Salud contrató a la empresa que ganó la licitación pública.
Se adquirieron 70 mil pruebas rápidas con un precio unitario de 111.45 pesos y un importe total de 7 millones 800 mil pesos, cantidad que, tras agregarle el IVA, suma un total de 9 millones 49 mil pesos.
Para el 30 de julio de 2012, la directora de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz, Irasema Lagunes, generó la circular número 1064 /DSP /SPCE /DSR /2012 para solicitar a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardar las pruebas rápidas para facilitar «la tarea del proveedor para recolectaras y reponerlas».
El 11 de diciembre de ese año, el subdirector de Control y Prevención de Enfermedades, Alejandro Escobar, notificó que las pruebas habían sido canjeadas y redistribuidas a las jurisdicciones sanitarias.

El Siglo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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