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México

Invierte México para la infraestructura penal

Las entidades de la República podrán acceder a un fondo con recursos de hasta 12,000 millones de pesos para mejorar su infraestructura penitenciaria y de procuración de justicia, indicó este miércoles el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Los estados tendrán acceso a créditos hasta por 20 años y solo pagarán los intereses de financiamiento, dijo Poiré durante el XXII Consejo Nacional de Seguridad.

“Es indispensable desarrollar la infraestructura que requieren las entidades federativas para la seguridad y para el correcto funcionamiento de las instituciones de impartición y administración de justicia”, refirió el presidente de México, Felipe Calderón, momentos antes de firmar un acuerdo para fortalecer la infraestructura de seguridad en las entidades.

El mandatario dijo que el país necesita salas especiales para juicios orales, centros de control de confianza, unidades especializadas de combate al secuestro, y nuevos centros de readaptación social.

«Se trata de hacerlas pronto, y en el menor tiempo posible», dijo.

Contar con esas instalaciones servirá para “evitar problemas como los que se han dado recientemente, a causa de la insuficiencia de las instalaciones penitenciarias en las entidades federativas”, agregó.

El presidente Calderón se refirió de ese modo a la fuga de 29 reos y a la muerte de otros 44 del penal de Apocada, Nuevo León, ocurrida durante la madrugada del domingo 19 de febrero.

Días después, el 21 de febrero, Calderón dijo que su gobierno pondrá en funcionamiento 10 nuevas cárceles antes de que termine 2012.

Este miércoles, durante el Consejo de Seguridad, el gobierno mexicano y los mandatarios estatales también ratificación un protocolo para establecer diversos mecanismos de seguridad rumbo a los comicios federales del próximo 1 de julio.

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México

Gentrificación en CDMX: crecimiento urbano que desplaza a sus habitantes

Colonias como la Roma, Condesa, Juárez y San Rafael se han convertido en epicentro de protestas vecinales por el aumento desmedido en las rentas, el despojo inmobiliario y la pérdida de identidad barrial. El fenómeno detrás de estas inconformidades es la gentrificación, un proceso urbano que, aunque para algunos simboliza renovación, para otros representa expulsión, desigualdad y ruptura social.

La gentrificación ocurre cuando barrios de clase trabajadora reciben fuertes inversiones económicas y una oleada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo. Este cambio trae consigo mejoras en infraestructura y servicios, pero también incrementos abruptos en el precio de rentas y propiedades, desplazamiento de residentes originales y una transformación profunda en la cultura e identidad del barrio.

En la Ciudad de México, el fenómeno se ha intensificado con la llegada de nómadas digitales y extranjeros atraídos por el bajo costo de vida, quienes elevan la demanda de vivienda en zonas céntricas. Esto ha generado una turistificación desmedida, en la que muchas viviendas se destinan a rentas de corta estancia (como Airbnb), reduciendo la oferta para los habitantes locales.

A ello se suma la presión de desarrolladores inmobiliarios para que inquilinos tradicionales abandonen sus viviendas, con el fin de remodelarlas o demolerlas y construir nuevos complejos de lujo. Tiendas de abarrotes y fondas han sido reemplazadas por cafeterías de cadena y boutiques, alterando la vida comunitaria.

Además, la desigualdad urbana se agudiza: quienes no pueden pagar los nuevos precios se ven obligados a mudarse a zonas más lejanas, con mayores tiempos de traslado y menor acceso a servicios básicos.

En respuesta, colectivos ciudadanos y legisladores han exigido medidas que regulen el mercado inmobiliario, protejan a los arrendatarios y prioricen un desarrollo urbano equitativo. La gentrificación, advierten, debe atenderse antes de que transforme por completo el rostro y el alma de la capital.

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