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Invierte México para la infraestructura penal

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Las entidades de la República podrán acceder a un fondo con recursos de hasta 12,000 millones de pesos para mejorar su infraestructura penitenciaria y de procuración de justicia, indicó este miércoles el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Los estados tendrán acceso a créditos hasta por 20 años y solo pagarán los intereses de financiamiento, dijo Poiré durante el XXII Consejo Nacional de Seguridad.

“Es indispensable desarrollar la infraestructura que requieren las entidades federativas para la seguridad y para el correcto funcionamiento de las instituciones de impartición y administración de justicia”, refirió el presidente de México, Felipe Calderón, momentos antes de firmar un acuerdo para fortalecer la infraestructura de seguridad en las entidades.

El mandatario dijo que el país necesita salas especiales para juicios orales, centros de control de confianza, unidades especializadas de combate al secuestro, y nuevos centros de readaptación social.

«Se trata de hacerlas pronto, y en el menor tiempo posible», dijo.

Contar con esas instalaciones servirá para “evitar problemas como los que se han dado recientemente, a causa de la insuficiencia de las instalaciones penitenciarias en las entidades federativas”, agregó.

El presidente Calderón se refirió de ese modo a la fuga de 29 reos y a la muerte de otros 44 del penal de Apocada, Nuevo León, ocurrida durante la madrugada del domingo 19 de febrero.

Días después, el 21 de febrero, Calderón dijo que su gobierno pondrá en funcionamiento 10 nuevas cárceles antes de que termine 2012.

Este miércoles, durante el Consejo de Seguridad, el gobierno mexicano y los mandatarios estatales también ratificación un protocolo para establecer diversos mecanismos de seguridad rumbo a los comicios federales del próximo 1 de julio.

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México

México reporta más de 145 mil repatriaciones de connacionales desde enero

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El Gobierno de México informó que, del 20 de enero al 17 de diciembre, se registraron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la política antimigratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer las cifras durante una conferencia de prensa, en la que precisó que 116 mil 156 personas fueron repatriadas por vía terrestre y 29 mil 381 por vía aérea. Estas acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza.

De acuerdo con la funcionaria, 99 mil 924 personas aceptaron ingresar a alguno de los centros de atención habilitados por el gobierno federal. En el caso de las 45 mil 613 que optaron por no hacerlo, señaló que también se les brindó apoyo consistente en alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y ayuda para su traslado a su lugar de origen.

La red de atención opera a través de nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, mientras que la atención aérea se ofrece en Chiapas y Tabasco.

En este contexto, el 18 de diciembre, durante la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la situación de las comunidades migrantes y lamentó lo que calificó como una creciente criminalización de este sector. Durante su conferencia matutina, respondió a mensajes recientes de Donald Trump y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quienes han promovido deportaciones masivas y la construcción de barreras fronterizas.

La mandataria sostuvo que la migración es un fenómeno motivado por la necesidad y no por una decisión voluntaria, y afirmó que las políticas de persecución carecen de humanidad. Señaló que, desde su perspectiva, las soluciones de fondo deben basarse en la cooperación internacional, el desarrollo económico, la inversión en los países de origen y la reducción de la desigualdad.

Sheinbaum reiteró que la postura del Estado mexicano será la protección de los derechos humanos y la oferta de alternativas consideradas dignas, como el acceso al empleo o la repatriación voluntaria. Estas declaraciones se dan en un escenario marcado por el incremento en las repatriaciones de connacionales durante 2025.

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