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México

Invirtieron 9.5 millones de pesos en pruebas de COVID-19 para la Cámara de Diputados

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Desde que llegó la pandemia a México, diversos funcionarios públicos han resultado contagiados y las dependencias se han visto obligadas a facilitar el acceso a la prueba de detección. En el caso de la Cámara de Diputados, se han invertido hasta el momento 9.5 millones de pesos para que los legisladores y el personal pudieran hacerse el test.

En total, la dependencia gubernamental habría contratado 10,000 pruebas por parte de los servicios de laboratorio de Salud Digna. El periódico Milenio señaló que estas se programaron para ser aplicadas durante el fin semana.

Además, fueron adquiridas por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros varias caretas de policarbonato calibre 40 a un costo de 100 pesos cada una y cubrebocas de 1.10 pesos por pieza.

El medio mexicano informó que las pruebas de coronavirus que se adquirieron para los legisladores tienen un costo unitario de 950 pesos.

Por medio de un comunicado se dio a conocer que las autoridades pretenden dotar a los funcionarios de los insumos necesarios para laborar con las medidas preventivas necesarias contra la pandemia.

Entre las medidas preventivas que se tomaron se encuentra la diminución de los ingresos al inmueble. Antes de la pandemia entraban a 7,300 personas y a la fecha solo entran 1,000.

Sin embargo, hasta ahora, los asesores legislativos y el personal sindicalizado aún realizan sus funciones desde sus domicilios. El salón de sesiones se ha desinfectado en siete ocasiones así como las áreas de tránsito, permanencia y sala de prensa como parte de las medidas contra el COVID-19.

De acuerdo con el Heraldo de México, de los 500 legisladores se han contagiado 63 entre marzo y octubre del 2020. Entre los más reciente esta el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

Por otro lado, Yeidckol Polevnsky, ex presidenta de Morena, también anunció su contagio. “Me acaban de informar que di positivo a COVID-19, me están realizando todos los estudios necesarios. Más tarde les informo cómo voy”, dijo.

Hasta el último corte, la Secretaría de Salud del país dio a conocer que se han acumulado 874,171 casos de contagios y 87,894 defunciones.

En las últimas 24 horas hubo un incremento de 6,612 contagiados en las últimas 24 horas, así como 479 muertes. Asimismo, en el país hay 50,698 casos sospechosos, 1,049,853 negativos y un total de 2,249,619 personas estudiadas desde el primer caso, lo que significa que el índice de positividad sigue en 41%

Las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 son Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, jalisco, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Durango y se agregó Yucatán, que en su conjunto concentran más de la mitad (60%) de casos en el país.

Además, las autoridades destacaron que seis entidades del país tienen indicadores que muestran ya un repunte de la enfermedad: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas. Por ello, adelantó que se perfilan medidas, como es la de regresar al semáforo rojo (máximo riesgo).

Las cifras pandémicas de México, permitieron que la Universidad Johns Hopkins calificaran al país como la cuarta nación con más muertes por coronavirus en el mundo.

Fuente: Infobae

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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