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México

Invirtieron 9.5 millones de pesos en pruebas de COVID-19 para la Cámara de Diputados

Desde que llegó la pandemia a México, diversos funcionarios públicos han resultado contagiados y las dependencias se han visto obligadas a facilitar el acceso a la prueba de detección. En el caso de la Cámara de Diputados, se han invertido hasta el momento 9.5 millones de pesos para que los legisladores y el personal pudieran hacerse el test.

En total, la dependencia gubernamental habría contratado 10,000 pruebas por parte de los servicios de laboratorio de Salud Digna. El periódico Milenio señaló que estas se programaron para ser aplicadas durante el fin semana.

Además, fueron adquiridas por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros varias caretas de policarbonato calibre 40 a un costo de 100 pesos cada una y cubrebocas de 1.10 pesos por pieza.

El medio mexicano informó que las pruebas de coronavirus que se adquirieron para los legisladores tienen un costo unitario de 950 pesos.

Por medio de un comunicado se dio a conocer que las autoridades pretenden dotar a los funcionarios de los insumos necesarios para laborar con las medidas preventivas necesarias contra la pandemia.

Entre las medidas preventivas que se tomaron se encuentra la diminución de los ingresos al inmueble. Antes de la pandemia entraban a 7,300 personas y a la fecha solo entran 1,000.

Sin embargo, hasta ahora, los asesores legislativos y el personal sindicalizado aún realizan sus funciones desde sus domicilios. El salón de sesiones se ha desinfectado en siete ocasiones así como las áreas de tránsito, permanencia y sala de prensa como parte de las medidas contra el COVID-19.

De acuerdo con el Heraldo de México, de los 500 legisladores se han contagiado 63 entre marzo y octubre del 2020. Entre los más reciente esta el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

Por otro lado, Yeidckol Polevnsky, ex presidenta de Morena, también anunció su contagio. “Me acaban de informar que di positivo a COVID-19, me están realizando todos los estudios necesarios. Más tarde les informo cómo voy”, dijo.

Hasta el último corte, la Secretaría de Salud del país dio a conocer que se han acumulado 874,171 casos de contagios y 87,894 defunciones.

En las últimas 24 horas hubo un incremento de 6,612 contagiados en las últimas 24 horas, así como 479 muertes. Asimismo, en el país hay 50,698 casos sospechosos, 1,049,853 negativos y un total de 2,249,619 personas estudiadas desde el primer caso, lo que significa que el índice de positividad sigue en 41%

Las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 son Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, jalisco, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Durango y se agregó Yucatán, que en su conjunto concentran más de la mitad (60%) de casos en el país.

Además, las autoridades destacaron que seis entidades del país tienen indicadores que muestran ya un repunte de la enfermedad: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas. Por ello, adelantó que se perfilan medidas, como es la de regresar al semáforo rojo (máximo riesgo).

Las cifras pandémicas de México, permitieron que la Universidad Johns Hopkins calificaran al país como la cuarta nación con más muertes por coronavirus en el mundo.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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