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Chihuahua

Involucrados presuntamente a dos funcionarios chihuahuenses en espionaje a EPN

La Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés) no solo espió las comunicaciones de Enrique Peña Nieto cuando aún era candidato a la presidencia; también intervino la comunicación de nueve de sus más cercanos colaboradores, según los documentos filtrados por Edward Snowden al periodista Gleen Greenward.

La Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés) no solo espió las comunicaciones de Enrique Peña Nieto cuando aún era candidato a la presidencia; también intervino la comunicación de nueve de sus más cercanos colaboradores, según los documentos filtrados por Edward Snowden al periodista Gleen Greenward.

Los documentos presentados no identifican a los colaboradores de Peña que presuntamente fueron espiados, y tampoco queda claro si el espionaje sigue vigente.

En los documentos televisados se aprecian dos mensajes de texto atribuidos a Peña Nieto y calificados como “Mensajes interesantes”.

En el primero se menciona a Jorge Corona, que podría corresponder a Jorge Corona Soria, quien trabajó con Peña durante su administración en el Estado de México, o a Jorge Francisco Corona Méndez, adscrito actualmente a la secretaría particular del presidente.

En el segundo mensaje de texto mostrado, aparecen los nombres de Juan Ramón Flores y Miguel Ángel González, que podrían corresponder al actual vocero del Gobierno de Chihuahua y al entonces secretario particular del gobernador César Duarte.

Ambos mensajes son poco legibles y contienen partes suprimidas deliberadamente.

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Chihuahua

Exigen cárcel de máxima seguridad exclusiva para narcos ante colapso penitenciario en Chihuahua

En medio de la creciente ola de violencia que azota municipios como Guadalupe y Calvo en la Sierra Tarahumara, el diputado estatal Francisco Sánchez Villegas, líder de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, planteó la necesidad urgente de establecer una cárcel especial para integrantes de cárteles del narcotráfico, ante lo que calificó como el colapso del sistema penitenciario en la entidad.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez Villegas advirtió que los Centros de Readaptación Social (CERESOS) en Chihuahua ya no tienen capacidad para albergar a delincuentes de alta peligrosidad, quienes conviven con personas que han cometido delitos menores, lo que genera un entorno insostenible y peligroso. Según sus cifras, mantener presos por delitos del orden federal representa un gasto mensual de alrededor de 13 millones de pesos para el erario estatal.

“Los Centros de Readaptación Social de Chihuahua en este momento se encuentran colapsados. Ahí conviven criminales desalmados, narcoterroristas, secuestradores, asesinos con otros que han cometido delitos de poca monta. La situación es insostenible”, afirmó tajante el legislador.

Como parte de su propuesta, Sánchez retomó una iniciativa que ya había presentado hace dos años y propuso rehabilitar el extinto Cefereso No. 9 de Ciudad Juárez, clausurado por el Gobierno Federal el 27 de diciembre de 2022. Su proyecto contempla convertir el penal en un centro de máxima seguridad, capaz de contener a los criminales más peligrosos y evitar que continúen delinquiendo desde el interior de las cárceles.

“Estas instalaciones donde hubo una inversión millonaria fueron abandonadas, olvidadas por el Gobierno Federal. Y por esa razón he pedido, he urgido que pasen a ser parte del Estado para que los narcoterroristas, los secuestradores, los extorsionadores, los delincuentes sanguinarios que dañan a las familias paguen aquí sus penas”, enfatizó.

La propuesta del legislador cobra fuerza en un contexto particularmente tenso para la seguridad pública del estado, tras la toma de la Presidencia Municipal de Guadalupe y Calvo por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en respuesta a las recurrentes balaceras entre grupos rivales del crimen organizado.

Sánchez Villegas insistió en que la responsabilidad del sistema penitenciario no puede seguir recayendo exclusivamente en el Gobierno del Estado, cuando muchos de los reos provienen del fuero federal, y reiteró la urgencia de una estrategia integral que incluya infraestructura especializada para frenar la violencia.

El llamado del diputado busca abrir un nuevo debate sobre la distribución de competencias y recursos entre los niveles de gobierno en materia de seguridad y justicia, al tiempo que se redoblan esfuerzos para contener la escalada delictiva en la entidad.

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