Los estudiantes de la Universidad de Cornell han manifestado su frustración en una audiencia pública relacionada con un caso de agresión sexual que ocurrió en el campus hace dos años. Aunque normalmente esta época del año es hermosa en Cornell, con sus edificios majestuosos rodeados de hojas de otoño, la atmósfera actual se ha visto empañada por la reactivación de este caso, lo que ha generado enojo y preocupación sobre la cultura de fraternidades en la universidad. Durante una asamblea estudiantil celebrada el jueves, muchos alumnos exigieron cambios drásticos en la institución. Algunos calificaron la falta de justicia como una "vergüenza" y expresaron su descontento con la forma en que la universidad ha manejado la situación. La estudiante de pregrado, Sophia Riley Sim, compartió su desánimo al no haber podido asistir a clases en la última semana debido a la angustia que le provoca el caso. La acusadora, conocida como Jane Doe, presentó una demanda civil contra Cornell el 16 de septiembre, alegando que fue drogada y agredida sexualmente en una casa de fraternidad en 2024. En su demanda, sostiene que la universidad no la protegió ni sancionó adecuadamente a los hombres involucrados, a quienes se les ha denominado los "Siete de Cornell". En respuesta a la creciente presión, Cornell ha accedido a realizar una investigación independiente sobre la acusación de agresión sexual y ha defendido su manejo del caso, afirmando que llevó a cabo una "investigación exhaustiva" que duró varios meses tras el reporte del incidente, cumpliendo con la legislación federal de derechos civiles. Tras la asamblea estudiantil, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la designación de la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial en el caso, tras expresar su desconfianza en el fiscal del condado de Tompkins, quien había liderado la investigación inicialmente. James asumirá el caso de Matthew Van Houten, cuyo despacho había concluido que las pruebas no eran suficientes para presentar cargos, aunque reabrió la investigación criminal la semana pasada tras la nueva demanda civil, un movimiento que recibió el apoyo de Cornell. Además, se ha convocado una protesta titulada "Justicia para Sobrevivientes" para el 5 de octubre, que busca que la universidad tome medidas contra la cultura de agresión sexual. Los organizadores estudiantiles piden la expulsión y revocación de los títulos de los presuntos agresores, la reescritura de las políticas sobre sanciones por agresiones sexuales, una investigación externa de la universidad y capacitación en prevención para la policía del campus.