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México

ISSSTE y CNDH de la mano contra violaciones a garantías: Reyes Baeza

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  establecerá un enlace permanente ante la Dirección General de Quejas y Orientación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que recibirá las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en materia de salud.

Mediante la firma de un convenio suscrito esta mañana entre el Director General del Instituto, José Reyes Baeza Terrazas y el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se establece el compromiso de fomentar la comunicación con los enlaces que se definan entre ambas instituciones, durante las 24 horas, los 365 días del año, para atender las quejas por falta de medicamentos, de servicios médicos o de otro tipo de prestaciones, de las 21 que el organismo otorga a casi 13 millones de afiliados.

IMG_9042Para ello se implementarán mecanismos que prevean la conciliación en conjunto con la Primera Visitaduría de la CNDH y que permitan responder satisfactoriamente en tiempo y forma cualquier queja o problemática en los rubros citados, además de garantizar la presencia de intérpretes expertos en lenguas indígenas en las unidades médicas del ISSSTE.

Ambas instancias se comprometen a promover la observancia, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los Derechos Humanos; proponer programas de vinculación institucional multidisciplinarios con organismos públicos y privados, en todos los órdenes de gobierno, que permitan ampliar el universo de atención, observancia y protección de los mismos; colaborar en programas, acciones y políticas públicas de fomento a la cultura de estas garantías y coordinar su participación en los esquemas de capacitación, formación y sensibilización con los que cuenten las dos instituciones.

Destaca en el acuerdo la revisión y actualización que se hará de indicadores de desempeño vinculados a los Derechos Humanos en los consultorios auxiliares, unidades y clínicas de medicina familiar, clínicas de especialidades, clínicas hospital, hospitales generales, hospitales regionales y el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.

El Ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, hizo un reconocimiento al ISSSTE como pilar fundamental de la seguridad social en el país, y destacó la disposición de su Director General para poder llegar, con prontitud, a la firma de este acuerdo, cuyo valor principal es la protección a la salud como un derecho humano que deriva del compromiso con la atención a la derechohabiencia. “Esta disposición, hoy reflejada en la suscripción del convenio, será en beneficio de la colectividad de los trabajadores al servicio del Estado”, señaló.

En los términos de este acuerdo, la CNDH se compromete a capacitar al personal del Instituto en los procedimientos para promover y proteger los derechos humanos, mediante la difusión de la información y contenidos textuales de los servicios que el organismo proporciona a la sociedad, así como los objetivos y alcances de sus diversos programas institucionales.

A través de la Secretaría Técnica y de las distintas áreas responsables, capacitará a los servidores públicos del ISSSTE en aspectos relacionados con la promoción, observancia y respeto de los Derechos Humanos y promoverá mejores prácticas administrativas para una mayor protección y respecto de los mismos.

 En el acto, Reyes Baeza dijo que este convenio refleja la voluntad que tiene su administración para que todo derechohabiente tenga un trato digno e igualitario en el México incluyente trazado por el Presidente de la República, y el cual contempla la implementación de acciones en beneficio de los casi 13 millones de afiliados a la institución.

Si el Instituto presenta un avance sustancial en la armonización normativa, da muestra de articulación de esfuerzos institucionales, intensifica la capacitación de su capital humano y a la par coadyuva a la difusión de los derechos humanos a través de la incorporación de sus principios a nuestra cultura organizacional, la firma del convenio tendrá todo el sentido. “Estaremos propiciando, con ello, que el servicio público se conciba como el medio para hacer realidad los derechos fundamentales y evitando posibles violaciones”, indicó.

Ratificó la disposición del organismo a su cargo “de participar con ustedes en la convocatoria para emitir protocolos de atención, si así se determina, y unificar la capacidad de reacción de quienes nos ocupamos del rubro salud, para buscar disminuir la incidencia de quejas a este respecto”.

Durante el acto Reyes Baeza entregó al titular de la CNDH certificados de créditos personales para 50 solicitantes, y le reiteró que todas las peticiones en este rubro serán atendidas, sin necesidad de eventos especiales.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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