El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó este domingo «el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la fuerza pública» en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), uno de los epicentros de las manifestaciones contra el Gobierno que comenzaron el pasado 28 de abril.

«Basado en facultades constitucionales, di instrucciones al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior, y al equipo de Gobierno que está en Cali que, con apoyo de autoridades locales, garanticen el mayor despliegue de capacidades de fuerza pública para brindar tranquilidad a los ciudadanos», declaró.

Además, el mandatario ordenó aplicar «las normas de restricción del parrillero» (pasajero de motocicleta) y adoptar, junto con las autoridades locales, «medidas de restricción de movilidad necesarias» con el objetivo de «minimizar riesgos de seguridad y la ley seca, todo en virtud de cuidar a la ciudadanía en general».

Duque declaró que las autoridades deben levantar los bloqueos que «afectan la calidad de vida de los ciudadanos y vulneran sus derechos», y repitió su solicitud a los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que retornen a sus resguardos.

Ataque contra manifestantes

Horas antes del anuncio de Duque, al menos ocho miembros de la minga indígena resultaron heridos tras ser atacados por personas sin uniforme que, junto a la policía, dispararon contra la multitud que mantenía el bloqueo a una calle en esa ciudad.

«Los mingueros fueron atacados por una turba uribista [seguidores del oficialismo] en conjunto con [la] fuerza pública al pie de la vía, quienes pretenden retirar el bloqueo en el punto», denuncia el CRIC en un comunicado. Para la asociación de autoridades indígenas, los civiles armados que atacaron a la manifestación «actúan como paramilitares».

En videos que circulan en redes sociales, se observa el momento en que residentes de Cali accionan sus armas de fuego contra los manifestantes, mientras están acompañados por funcionarios policiales. Los individuos armados pretendían levantar por la fuerza uno de los bloqueos de vías en el sur de la localidad, a donde se dirigía la minga.

Por su parte, los residentes de la zona reportan que miembros del grupo indígena respondieron a este ataque con palos, piedras y machetes y voltearon y quemaron varios vehículos de la comunidad.

Ante la situación, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) acudieron al lugar. Según el CRIC, uniformados de esta unidad rodearon la Universidad del Valle, donde actualmente está la minga indígena. «Se teme una posible arremetida», señalaron.

Denuncias de la ONU y la Defensoría

Por su parte, Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, rechazó los ataques sufridos por la minga y expresó su «grave preocupación» por los hechos. «Urgimos porque se investigue y sancione», escribió en su cuenta de Twitter.

Además, Carlo Camargo, defensor del Pueblo, afirmó tener «evidencia de presuntas acciones de disparos o agresiones desde carros no identificados» contra la caravana de indígenas. «Solicito que el material sea verificado y que se inicien de inmediato las investigaciones para dar con los responsables de estas acciones criminales», añadió.

Casi dos semanas de protestas

Las protestas en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril, en un primer momento contra el proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno de Duque. A pesar de que la presión social obligó al mandatario a retirar su propuesta, los manifestantes continúan con las movilizaciones en las calles para pedir leyes que pongan fin a la pobreza y denunciar la violencia policial, entre otros.

Durante estas dos últimas semanas, numerosos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante el excesivo uso de la fuerza, empleado por los agentes contra los manifestantes, y han hecho llamamientos a la calma.

En su última balance, la Defensoría del Pueblo reporta 27 fallecidos, en su mayoría civiles (26), además de centenares de personas desaparecidas.