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México

Javier Duarte acusa a las autoridades de obstaculización judicial; “Es una chicanada oficial”

“Es una chicanada oficial”, fueron las palabras del exgobernador de VeracruzJavier Duarte tras hablar sobre su proceso judicial.

Y es que hace unos días el expriista fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, por lo que denunció presunta obstaculización judicial, y dijo que las autoridades solo quieren ganar tiempo para que permanezca en prisión.

Las declaraciones de Duarte se dan luego que el juez ordenó la medida de prisión preventiva justificada por un año y seis meses mientras se realiza una investigación complementaria en su contra.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el exgobernador aclaró que no se vinculó por el delito de desaparición forzada, sino por obstaculizar la investigación de la presunta desaparición del cuerpo de un agente de la policía del Estado.

“Lo único que lograron las autoridades fue ganar unos meses. Solo me tomará algún tiempo demostrar este hecho y tumbar esta aberrante mentira en mi contra y pasará lo que es inevitable, espero que más pronto que tarde saldré libre”, dijo este lunes Duarte.

“Es un trabajo chapucero”: Javier Duarte

Según Duarte, esta semana tenía una audiencia de preliberación, pero tras la reciente decisión del juez se quedó sin posibilidad de solicitar su liberación anticipada.

“Es un trabajo chapucero decir que me vincularon a proceso por el delito de desaparición forzada, es un crimen de lesa humanidad, es un crimen fuerte. En la misma audiencia pregunté si se me acusaba de haber participado en la desaparición de alguna persona y la contundente respuesta fue que no”, dijo Javier Duarte.

Tras permanecer cinco años 7 meses en prisión, señaló que ya cumplió con más de la mitad de su condena, por lo que puede solicitar su liberación anticipada, además de que ya cuenta con los requisitos para obtener el beneficio.

“Este miércoles 23 de noviembre tenía mi audiencia ya para poder acceder a un beneficio preliberacional frente a un juez federal de ejecución penal. Reunía todos los requisitos que la ley establece para poder acceder a este beneficio, ya cumplí más del 50 por ciento de mi condena (nueve años), he tenido buena conducta, cumplo con el plan de actividades, pagué ya la multa, en caso de reparación de daño no existe en mi caso”, dijo.

En enero de este año, la defensa de Duarte intentó invalidar la orden de detención en su contra por desaparición forzada, pero la petición fue rechazada.

 

Fuente: reporteindigo.com

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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