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Opinión

Joe Biden: Un año sin sonrisa. Por Caleb Ordoñez T.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez Talavera

La acalorada discusión política en Estados Unidos había convertido a ese país en una zona de batalla. Cuando el odio entre demócratas y republicanos arreciaba, el pasado 20 de Enero del 2021, Joe Biden tomaba posesión como el presidente número 46 y su compañera Kamala Harris se convirtía en la primera vicepresidenta de la historia.

Las problemas heredados por la administración de Donald Trump no han sido resueltos, vaya algunos se han agravado desde entonces. Pues no solo es la división entre la población imperante por el tema político, a esto se le suma la amenaza de una pandemia que parece no tener fin, un aumento de los precios a los consumidores y una aprobación muy baja de su mandato, que ronda el 45%.

Ese quizá es el problema que más le afecta, pues siendo candidato posicionó su campaña como una posible solución a la pandemia que no solo se ha mantenido, sino que sigue agravando a la economía y las finanzas de todos los norteamericanos.

Entre más sigue atacando el COVID, el gobierno de Bidenva perdiendo popularidad, pues el ánimo de desconcierto y frustración están ocasionando que el demócrata caiga estrepitosamente mes a mes en las encuestas.

Aunque para algunos, los temas de la situación en Estados Unidos no debería preocuparnos a los mexicanos, la relación comercial es preponderante para cohabitar entre naciones, pues somos el socio comercial más importante, del país más poderoso del mundo libre y esto nos afecta directamente.

La relación de Joe Biden y López Obrador a la fecha es mucho más cordial y fructífera de lo que se esperaba.

Casi ocho millones de vacunas fueron donadas por el gobierno norteamericano a nuestro país. En Noviembre del 2021, se firmó un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá donde se comprometieron a atender las causas de origen de la migración, invirtiendo millones de dólares en los países latinoamericanos, priorizando el mexicano donde el programa “Quédate en México”, donde se pretende que las personas que solicitan asilo norteamericano, en la frontera con México, esperen la resolución de sus casos en territorio azteca.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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