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Jornaleros logran afiliación al IMSS; salario sigue pendiente

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Jornaleros del Valle de San Quintín y autoridades federales y de Baja California llegaron a 13 acuerdos para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas y poner fin al paro que iniciaron en marzo, aunque dejaron para el próximo mes la discusión del aumento salarial.

Entre los acuerdos alcanzados están la afiliación de los trabajadores agrícolas al IMSS, que no se les retendrá su salario bajo ninguna circunstancia, la creación de un fideicomiso para el desarrollo del Valle de San Quintín y el registro sindical de la alianza de los jornaleros.

Tras una reunión entre trabajadores, autoridades federales y estatales, que inició ayer y terminó esta mañana, Rafael Avante, subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dio a conocer los 13 acuerdos logrados con los jornaleros:

1. Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todos los trabajadores al IMSS. Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores.

2. No se retendrán los salarios ni se condicionará el pago a los trabajadores por ningún motivo o circunstancia. Los pagos se harán puntualmente en los lugares del trabajo.

3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.

4. Se garantizará el respeto a sus derechos laborales, contenidos en la Ley Federal del Trabajo, y a los derechos humanos particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familias. Para esto se harán inspecciones a los centros de trabajo.

5. Las empresas deberán cumplir con los requisitos para certificar que están libres de trabajo infantil.

6. Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona, formalizado en un plazo no mayor a 60 días.

7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios por su desplazamiento a los campos agrícolas.

8. Se otorgará el registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social.

9. Se garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores de la zona.

10. El gobernador de Baja California se reunirá con voceros de la alianza antes de que concluya el mes para tratar los problemas de San Quintín.

11. Sobre los jornaleros detenidos, las autoridades federales y locales procurarán mecanismos para que en su caso obtengan su libertad.

12. Las partes que suscriben estos acuerdos se comprometen a conducir sus acciones en un ambiente de respeto a ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia.

13. El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión, a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín. Los gobiernos estatal federal, así como los senadores, harán las gestiones necesarias para procurar que la propuesta sea lo más cercana a la de la alianza, que es de 200 pesos, y que sea retroactivo al mes de mayo. El gobierno federal podrá otorgar la diferencia entre ambas propuestas salariales.

Jornaleros del Valle de San Quintín se reunieron ayer en Ensenada con el representante de la Secretaría de Gobernación, David Garay; el gobernador de Baja California, Francisco Vega, y otras autoridades federales y estatales, para buscar acuerdos que pongan fin al paro que iniciaron los trabajadores agrícolas el 27 de marzo pasado, en demanda de un mejor salario y prestaciones.

Fuente: Milenio

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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