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México

Jueces ‘castigados’ recurren a la SCJN para evitar sanciones

Por medio de recursos legales que pueden estar años en revisión, algunos jueces y magistrados se resisten a acatar medidas y sanciones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Es el caso de 35 juzgadores que recurrieron a la Corte para frenar su traslado a otros estados, luego de que el CJF decidió reasignarlos por necesidad, nepotismo o sospechas de corrupción.

Mediante las llamadas revisiones administrativas, que resuelven de manera inapelable cualquiera de las dos salas de la SCJN, los jueces argumentan motivos familiares, personales e incluso académicos para revertir los cambios de adscripción.

Además, algunos jueces y magistrados sancionados, suspendidos o cesados por evidente incompetencia durante la administración del ministro Arturo Zaldívar, también buscan que la Corte revierta su castigo.

En febrero, el CJF destituyó y multó a dos magistrados federales en Campeche por “notoria ineptitud y faltar a su declaración patrimonial, así como desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales”.

Magistrados y jueces defienden zona de confort

Con diversos argumentos buscan que el Consejo de la Judicatura Federal revierta readscripciones, castigos o suspensiones. Pretextan que están estudiando algún posgrado, motivos familiares y cuestiones personales, entre otros.

A pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido readscribir a jueces y magistrados por diversos motivos, ya sea por necesidad, nepotismo o sospechas de corrupción, al menos 35 juzgadores han buscado frenar sus traslados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por diversas razones, como el que se encuentran estudiando algún posgrado, motivos familiares, cuestiones personales, entre otros, los impartidores de justicia tratan de revertir las determinaciones del CJF mediante las llamadas revisiones administrativas.

Y no sólo eso, también algunos de los jueces y magistrados sancionados, suspendidos o cesados por “notoria ineptitud” durante la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, también buscan que la Suprema Corte de Justicia revierta su castigo.

La decisión está en manos de cinco ministros de alguna de las dos salas que componen el máximo tribunal del país luego de que alguno de ellos realice el respectivo proyecto de sentencia, el cual será inapelable.

Por ejemplo, en febrero pasado el Consejo de la Judicatura Federal determinó destituir a dos magistrados federales en el estado de Campeche que tras una serie de investigaciones iniciadas el año pasado por la Comisión de Disciplina a raíz de denuncias, los consejeros de la Judicatura impusieron también a ambos magistrados de circuito sanciones económicas.

Se trata de David Alberto Barredo Villanueva y Freddy Gabriel Celis Fuentes, únicos magistrados designados para el estado de Campeche dentro del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.

Ambos juzgadores interpusieron ante la Corte un recurso de revisión administrativa, el cual sigue en curso, con el objetivo de revertir la determinación del Consejo y volver a sus puestos.

El Consejo de la Judicatura también determinó la destitución de un juez de distrito en el estado de Veracruz, por actos de corrupción, con lo que suman tres juzgadores removidos de sus cargos en menos de un mes.

Se trata de Anuar González Hemadi, de Veracruz, quien se encontraba suspendido desde marzo de 2017, luego de que otorgara un amparo a item, acusado de abusar sexualmente, junto con otros dos jóvenes, de una menor de edad en 2015.

Este juzgador también impugnó su destitución ante la Suprema Corte. Se espera que el próximo año se resuelva su caso.

También una magistrada federal de Querétaro que fue readscrita a otro estado de la República por el Consejo de la Judicatura Federal alegó ante la SCJN el interés superior de su menor hijo para evitar el cambio de sede.

Ella ya fue enviada a otro circuito, sin embargo, si la Corte concluye que se deben proteger lo derechos del infante, podría volver a Querétaro.

Desde finales de noviembre de 2017 a diciembre de 2018 un total de 16 funcionarios judiciales, 14 de ellos jueces y magistrados, fueron sancionados por el CJF por indisciplina.

Los castigos impuestos van desde apercibimientos privados y amonestaciones hasta suspensión en siete casos y la destitución de un juez de distrito.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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