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México

Jueces locales deben pedir geolocalización para ubicar delitos: PGJ

Procurador General de Justicia capitalino, Rodolfo Ríos Garza consideró que es necesario que los Jueces de Control locales asuman la competencia que les otorga el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y apliquen su derecho de solicitar la información de la localización geográfica, en tiempo real, de dispositivos móviles o la entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones
El titular de la PGJ capitalina dijo además que también los Magistrados de las Salas Penales deben coincidir con dicho criterio al momento de resolver las impugnaciones que en su momento pudieran darse. Agregó que se estima que este criterio debe permear en los jueces o tribunales de enjuiciamiento al momento de valorar la información que derive de la decisión tomada por los Jueces de Control.

Durante su intervención en el segundo y último día de actividades del Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016 expuso que en México, la delincuencia es uno de los problemas más grandes por combatir por parte de los gobiernos federal y locales, puesto que la comisión de hechos delictivos, particularmente los de alto impacto, trascienden de manera modular en la sociedad, lacerando el núcleo de la familia a través de la afectación de sus bienes jurídicos, entre otros los de la libertad.

Dijo que entre las medidas de inteligencia para desarticular a bandas delictivas se encuentra la intervención de los sistemas de comunicación, logrando con ello anticipar los movimientos y las conductas delictivas, formando un mapa de trazado geográfico con la finalidad de conocer los patrones de actuación de estas organizaciones.

Ya no se trata de la autoridad ministerial la que solicita la geolocalización, por la controversia que surgió en la interpretación, ahora es la autoridad judicial la que se encargara de hacer las solicitudes de información requerida.

La problemática sobre este tema en la Ciudad de México se presenta cuando los Jueces de Control locales se declaran incompetentes para atender la solicitud que le formula el agente del Ministerio Público, respecto a la emisión de oficio dirigido a las compañías concesionarias de telecomunicaciones para la geolocalización en tiempo real de algún equipo móvil o para la obtención de datos conservados por éstas.

Lo anterior, por considerar que es un asunto de competencia de los jueces federales, como si se tratara de la intervención de comunicaciones privadas, siendo que son figuras diferentes.

 

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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