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Juegan con nuestro dolor: madre de joven desaparecida en Ciudad Juárez

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Después de casi dos años María García recibió la noticia del destino y paradero de su hija Jessica Leticia Peña García. Desaparecida el 29 de mayo de 2010, la noche del 23 de febrero pasado al fin María fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua que Jessica fue localizada con otras dos jóvenes, Andrea y Lizbeth, en el poblado de San Agustín, en el Municipio de Praxedis G. Guerrero en Chihuahua.

Desafortunadamente, ninguna de las tres fue encontrada con vida.

Desaparecidas en el centro de Ciudad Juárez, las vidas de Jessica, Andrea y Lizbeth, jóvenes que sin conocerse, se suman a las casi 200 mujeres que el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas exige a la Fiscalía General de Justicia local una explicación, una respuesta.

En Chihuahua, las cifras de mujeres desaparecidas varían, se oponen o se contradicen; el número oficial indica que son 166, el Comité indica que oscila entre 200; pero la gravedad del tema no recae en las cifras, sino en el trato que se les da a los restos óseos que se encuentran en los alrededores de la Ciudad Juárez.

Entre diciembre de 2011 y enero de este año la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas de la Zona Norte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, realizó rastreos en la zona del Valle de Cd. Juárez donde fueron localizados varios restos óseos que se encontraban en proceso de identificación. O al menos eso le informaron a los integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y a personal de la oficina en Cd. Juárez de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el 17 de febrero pasado.

Sin embargo, hasta esa fecha no se tenía identificación que hiciera referencia a los casos de las mujeres reportadas como desaparecidas; es decir, no se había cruzado la información forense con los reportes de desapariciones.

Omisión y negligencia

En la coadyuvancia de los casos de las familias de mujeres desaparecidas, por parte de la Lic. Francisca Galván Segura, integrante del Grupo Impulsor del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y de C. Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Cd. Juárez A. C., se detectan hechos de omisión y negligencia que lleven a la rápida localización de las jóvenes que han desaparecido, sobre todo, los casos de desaparición del Centro de la Ciudad.

Algunas de estas omisiones son: 1) El reporte fue recibido de 24 hasta 72 horas después del hecho de la desaparición, 2) No implementar el protocolo de búsqueda inmediata denominado Protocolo Alba por considerar que la joven no cubría un perfil de alto riesgo y 3) La falta de coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales en las acciones de búsqueda.

La demanda social y el plantón

Bajo este contexto, a los familiares les queda una opción: la resistencia civil pacífica.

Desde el sábado 25 el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C han instalado un plantón permanente hasta que den respuesta a sus demandas:

“Exigimos al Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. Cesar Duarte Jaquez se presente con la Sra. María García y dar el pésame ante el asesinato de su hija reconociendo las deficiencias en la investigación del caso de la desaparición de Jessica Leticia Peña García”.

“Demandamos la presencia de la Lic. Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República y del Fiscal General de Justicia del Estado de Chihuahua, el Lic. Carlos Manuel Salas,  para generar acciones de coordinación entre el estado y la federación en la investigación de los casos de los asesinatos de las mujeres que se vincula a delitos de delincuencia organizada”.

“Exigimos al Fiscal General de Justicia del Estado de Chihuahua, el Lic. Carlos Manuel Salas y al Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. Cesar Duarte Jaquez den instrucciones para realizar una auditoría al SEMEFO de Cd. Juárez y nos informen sobre el número de cuerpos y osamentas de mujeres no identificadas que se localizan en el mismo, y se genere un proceso inmediato de su identificación en un periodo prudente”.

“Exigimos que se les muestren evidencias y prendas localizadas en los rastreos que se han realizado para que las Madres y Familiares con Hijas Desparecidas la identifique y que esto pueda llevar a acelerar el proceso de identificación, así como instalar el Programa de Identificación Humana que conlleve un protocolo de una cadena de custodia”.

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Chihuahua

Fiscalía impugnará amparo que permitió liberar a dueño del crematorio Plenitud

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La Fiscalía General del Estado exigió la revisión inmediata del amparo que derivó en la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio Plenitud, y anunció la presentación de recursos legales para revertir la decisión.

El fiscal César Jáuregui informó que se promoverá un recurso de revisión ante jueces del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de que se recomponga la sentencia y las cosas vuelvan al estado en que se encontraban. Además, se interpondrá una queja ante los órganos de control del propio Poder Judicial para que se analice la actuación del juez que concedió el amparo.

El funcionario dio a conocer que sostuvo un encuentro con familias afectadas, a quienes explicó la postura institucional y ofreció respaldo en la búsqueda de que la resolución sea modificada.

En conferencia de prensa, acompañado por el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y el vicefiscal, Francisco Sáenz, detalló que el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó el amparo para ordenar la libertad inmediata del imputado, quien estaba detenido por delitos vinculados con el establecimiento donde el 26 de junio fueron localizados 386 cuerpos. La noche del 13 de febrero, añadió, se cumplimentó la determinación judicial y el hombre salió en libertad.

Jáuregui recordó que previamente ese mismo juzgado había negado una solicitud similar al considerar que los cadáveres permanecieron durante meses en condiciones insalubres y en descomposición, lo que implicaba un riesgo para la comunidad.

Expuso que la autoridad ministerial acreditó la existencia de 386 cuerpos sin tratamiento adecuado y que a familiares se les entregaron urnas con restos que no correspondían a sus seres queridos. Indicó que el juez que concedió el amparo centró su análisis en los verbos rectores de los delitos, ocultar y conservar, al estimar que no se configuraban porque los cuerpos no estaban escondidos.

El fiscal agregó que ya se diseña una estrategia jurídica y, para no entorpecer los procesos, se reservarán más detalles. Reiteró el compromiso de la institución para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

Hasta ahora, la Fiscalía ha identificado 191 cuerpos, de los cuales 185 han sido entregados, y se realizaron 152 peritajes de ADN cuyos resultados se recibirán en los próximos días.

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