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México

Juez da 5 días para incluir a menores en vacunación Covid

Claudia Gámez Galindo, secretaria en funciones de Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, dio un plazo de cinco días al gobierno federal para incluir a los menores de 12 a 17 años en la Política Nacional de Vacunación (PVN) contra COVID-19.

Dijo que de incumplir dicha determinación se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que sancione el posible desacato de las autoridades a la orden judicial.

La orden está relacionada con la suspensión definitiva que Gámez Galindo concedió el 7 de octubre pasado a favor de toda la población menor de edad, entre 12 y 17 años, para ser contemplados en la proceso de vacunación.

“Se concede a las autoridades responsables prórroga de 5 días hábiles, contados a partir de la legal notificación, para que den cumplimiento a la suspensión definitiva dictada”, dijo Gámez Galindo.

Recordó que al dar la suspensión definitiva de 7 de octubre pasado se dio un plazo de 48 horas para que las autoridades actualicen o adicionen la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2?.

El objetivo de la determinación es que se incluya a los menores de 18 y hasta los 12 años de edad en el PNV para ser inoculados contra COVID-19.

Gámez Galindo señaló que el biológico que deberá ser aplicado a ese grupo es el Pfizer-BioNtech, por ser el único que las autoridades sanitarias han autorizado hasta el momento para su aplicación de emergencia a niños, niñas y adolescentes.

Detalló que el 14 de octubre pasado, el subdirector de Recursos Administrativos de la Secretaría de Salud, en representación de Jorge Alcocer, titular de la dependencia y de Hugo López Gatell, titular de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, solicitó una prórroga para acatar la suspensión definitiva.

En atención a ello, la secretaria en funciones de juez dio la prorroga y dijo que en un plazo de cinco días debe cumplirse con la medida ordenada en la suspensión definitiva a favor de los menores de edad de 12 a 17 años.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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