Un juez de Texas le ordenó a un hospital el viernes retirarle el soporte vital a una mujer embarazada que tiene muerte cerebral antes de las 5 p.m. del lunes. Eso implica quitarle los respiradores artificiales.
El hospital puede apelar la decisión.
El viernes, el Hospital John Peter Smith reconoció por primera vez que Marlise Muñoz, quien es mantenida con soporte vital bajo la ley de Texas (puesto que está embarazada), ha estado con muerte cerebral desde el 28 de noviembre y que «el feto gestándose dentro de la señora Muñoz no es viable», según dicen los documentos de la corte divulgados antes de la audiencia del viernes.
El esposo de la mujer ha hecho varias solicitudes para que le retiren las máquinas y la familia la pueda enterrar.
Erick Muñoz asegura que los doctores le dijeron que su esposa «perdió toda la actividad en su tronco cerebral» y un gráfico muestra que tenía «muerte cerebral». Él se ha referido a ella como «nada más que una cáscara vacía» que debe descansar en paz.
La compleja cuestión en debate es si una mujer embarazada debería seguir conectada a un respirador, como dice la ley de Texas.
Los abogados que representan a la familia de Marlise Muñoz —la mujer embarazada de Texas que tiene muerte cerebral, dicen— revelaron el miércoles que el «feto es claramente anormal».
«Incluso en esta fase inicial, las extremidades inferiores están deformes hasta el punto en que no se puede determinar el género. El feto sufre de hidrocefalia. También parece sufrir de un posible problema cardiaco», dice un comunicado de los abogados enviado a CNN.
«Lamentablemente, esta información no sorprende debido al hecho de que el feto, después de estar privado de oxígeno durante un tiempo indeterminado, está siendo gestado dentro de un cuepor muerto y en deterioro».
El esposo presentó la semana pasada una demanda con la que pretende obligar al hospital a suspender su tratamiento de soporte de vida.
La familia también quiere que el hospital les entregue el cuerpo de Marlise Muñoz y organizar un funeral. En la demanda se argumenta que la mujer, de 33 años, tiene muerte cerebral, así que se puede debatir la ley estatal a la que se adhiere el hospital, según la cual es ilegal retirar el tratamiento de soporte de vida a una mujer embarazada.
Lo que el hospital está haciendo «es equiparable nada menos que a la mutilación cruel y obscena de un cuerpo muerto en contra de la voluntad expresa de la difunta y su familia», según la demanda. «En suma, la muerte de Marlise Muñoz es una circunstancia trágica y horrible, pero (el hospital) de ninguna manera debería tener derecho a seguir cortando su cuerpo muerto en frente de su esposo y su familia mientras finge dar ‘tratamiento para conservar la vida'», señala el documento.
La familia de Muñoz dice que la mujer tiene muerte cerebral desde que su esposo, Erick Muñoz, la encontró inconsciente en su casa, el 26 de noviembre. En ese entonces tenía 14 semanas de embarazo; esperaba a su segundo hijo. La familia dice que el feto pudo haberse visto privado de oxígeno.
La familia señala que Marlise Muñoz había dado instrucciones claras, aunque no escritas, de que no quería que se prolongara su vida mediante un ventilador u algún otro medio artificial, pero que las autoridades del hospital John Peter Smith de Fort Worth, Texas, se han negado a desconectarla.
En diciembre, una vocera del hospital dijo que la institución solo obedecía la ley de Texas. «La ley de este estado señala que no puedes negar o retirar el tratamiento de soporte de vida a una paciente embarazada. Es así de claro», dijo la vocera, J.R. Labbe.
El hospital, que opera bajo la administración del condado de Tarrant, dirigió las preguntas el martes hacia la oficina del fiscal de distrito del condado de Tarrant. Esa oficina no respondió de inmediato a un mensaje telefónico que dejó CNN para pedir comentarios sobre la demanda.
La semana pasada, Labbe dijo a CNN que el hospital creía que «los tribunales son el sitio adecuado para dar claridad, dirección y solución a este asunto». Un experto legal al que CNN consultó dijo la semana pasada que cree que el hospital está malinterpretando la ley que él ayudó a redactar.
«Las dos cosas que creo que están mal fundamentalmente en la postura del hospital son: primero que nada, ella ya no es una paciente», dijo Tom Mayo, profesor de Derecho de la Universidad Metodista del Sur. «Por eso no veo cómo podemos usar una disposición de la ley que habla de tratar o no a un paciente en un caso en el que no tenemos paciente alguno».