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Juez libera a policías acusados de golpear y violar a José Eduardo. La FGE apelará

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Un Juez de control no encontró elementos para vincular a proceso a los cuatro policías de Mérida, Yucatán, detenidos como parte de la investigación por la violación y agresiones que causaron la muerte del joven José Eduardo Ravelo. La Fiscalía estatal aseguró esta tarde que presentará un recurso de apelación.

De acuerdo a lo expresado por el Juez, en su denuncia, el joven José Eduardo ofreció una descripción de sus agresores que no coincide con los rasgos, equipos y colores de los policías municipales que fueron detenidos el 7 de agosto. Ya que los servidores públicos no fueron vinculados a proceso, serán liberados el día de hoy.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), que imputó a los policías los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada, informó en un comunicado que el proceso sigue abierto, por lo que, además de apelar la decisión del Juez, seguirá con la indagatoria del caso.

La dependencia explicó que la apelación que presente será analizada por Tribunal Superior de Justicia del Estado y mientras eso sucede seguirá con la investigación sobre la causa de muerte de José Eduardo.

“La Fiscalía proseguirá con la indagatoria de los hechos denunciados y que causaron la muerte del joven veracruzano a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE”, expuso.

La dependencia recordó que José Eduardo interpuso la denuncia contra los oficiales desde el 24 de julio por el joven y días después murió a causa de las lesiones.

Durante la audiencia de este viernes, el Juez destacó que los policías detenidos no pueden ser considerados culpables. “Toda persona es presunta inocente y que la resolución que se emitió hoy, no es una sentencia definitiva, es una resolución de carácter preliminar que lo único que analiza es que si hay una base aprobatoria para inicial un proceso penal por lo que ellos siempre han sido considerados, presuntos inocentes”, declaró.

El Juez recordó que a partir de mañana inicia un plazo de tres días para que las autoridades apelen la resolución. Por su parte, el representante legal de los policías comentó que a falta de alguna imputación, los cuatro trabajadores podrían retomar sus labores.

José Eduardo Ravelo murió luego de haber sido detenido, golpeado y abusado sexualmente por policías municipales, mientras caminaba por un parque de la ciudad de Mérida solo porque les resultó sospechoso.

Según contó la madre del joven quien era originario de Veracruz y había ido a la ciudad yucateca en busca de trabajo, el 22 de julio policías detuvieron a José Eduardo y lo subieron a una patrulla, donde lo golpearon y violaron.

Luego lo trasladaron a la Fiscalía donde, según lo relatado por la madre, volvieron a abusar del joven y lo torturaron.

Mientras rendía su declaración, José Eduardo comenzó a sentirse mal, por lo que fue revisado y el médico constató que había sido abusado sexualmente y golpeado lo que le dejó un pulmón perforado y daño cerebral que requirió traslado a un hospital.

Ya en el nosocomio, los doctores dijeron que el joven era sospechoso de COVID-19, por lo que lo trasladaron al área de coronavirus donde murió el 3 de agosto.

Tras la muerte de su hijo, la madre interpuso una denuncia en contra de los oficiales que golpearon y abusaron de su hijo; además de que pidió ayuda para poder trasladar los restos del joven a Veracruz, donde reside la familia.

Este caso se suma a otros de abuso policial en México como el de Ayotzinapa, Guerrero (septiembre de 2014), Tanhuato, Michoacán (mayo de 2015); Nochixtlán, Oaxaca (junio del 2016); y entre los más recientes la muerte de Giovanni López en Jalisco en 2020 y de Victoria Salazar, en Quintana Roo en marzo pasado.

Fuente: EFE

México

Sheinbaum responde a Trump y rechaza señalamientos sobre control del narcotráfico

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió no reaccionar a cada declaración del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que este reiterara durante la Cumbre del G7 en Francia que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que Trump tiene una forma particular de comunicar sus mensajes y consideró que lo importante es el trabajo que realiza su administración en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo además que el presidente estadounidense no cuenta con información precisa cuando realiza este tipo de acusaciones. Recordó que ya le ha expresado personalmente que las instituciones mexicanas funcionan y que el Estado mexicano mantiene su presencia y operación en todo el país.

La titular del Ejecutivo señaló que, durante una reunión celebrada en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin en Palacio Nacional, se abordó el tema de los grupos criminales y se destacó el papel de las instituciones de seguridad mexicanas.

Como ejemplo, mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por un grupo criminal en 2020 y continuó en el servicio público. También destacó la labor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La presidenta subrayó además los resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno. Entre ellos, mencionó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos y una disminución de 70 por ciento en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por vía terrestre.

Asimismo, hizo referencia al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado por el Ejército mexicano en febrero pasado.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un escenario de tensiones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, mientras Trump ha insistido en diversas ocasiones en que los cárteles ejercen control sobre territorio mexicano.

El contexto también incluye las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

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