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México

Juez libera a policías acusados de golpear y violar a José Eduardo. La FGE apelará

Un Juez de control no encontró elementos para vincular a proceso a los cuatro policías de Mérida, Yucatán, detenidos como parte de la investigación por la violación y agresiones que causaron la muerte del joven José Eduardo Ravelo. La Fiscalía estatal aseguró esta tarde que presentará un recurso de apelación.

De acuerdo a lo expresado por el Juez, en su denuncia, el joven José Eduardo ofreció una descripción de sus agresores que no coincide con los rasgos, equipos y colores de los policías municipales que fueron detenidos el 7 de agosto. Ya que los servidores públicos no fueron vinculados a proceso, serán liberados el día de hoy.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), que imputó a los policías los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada, informó en un comunicado que el proceso sigue abierto, por lo que, además de apelar la decisión del Juez, seguirá con la indagatoria del caso.

La dependencia explicó que la apelación que presente será analizada por Tribunal Superior de Justicia del Estado y mientras eso sucede seguirá con la investigación sobre la causa de muerte de José Eduardo.

“La Fiscalía proseguirá con la indagatoria de los hechos denunciados y que causaron la muerte del joven veracruzano a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE”, expuso.

La dependencia recordó que José Eduardo interpuso la denuncia contra los oficiales desde el 24 de julio por el joven y días después murió a causa de las lesiones.

Durante la audiencia de este viernes, el Juez destacó que los policías detenidos no pueden ser considerados culpables. “Toda persona es presunta inocente y que la resolución que se emitió hoy, no es una sentencia definitiva, es una resolución de carácter preliminar que lo único que analiza es que si hay una base aprobatoria para inicial un proceso penal por lo que ellos siempre han sido considerados, presuntos inocentes”, declaró.

El Juez recordó que a partir de mañana inicia un plazo de tres días para que las autoridades apelen la resolución. Por su parte, el representante legal de los policías comentó que a falta de alguna imputación, los cuatro trabajadores podrían retomar sus labores.

José Eduardo Ravelo murió luego de haber sido detenido, golpeado y abusado sexualmente por policías municipales, mientras caminaba por un parque de la ciudad de Mérida solo porque les resultó sospechoso.

Según contó la madre del joven quien era originario de Veracruz y había ido a la ciudad yucateca en busca de trabajo, el 22 de julio policías detuvieron a José Eduardo y lo subieron a una patrulla, donde lo golpearon y violaron.

Luego lo trasladaron a la Fiscalía donde, según lo relatado por la madre, volvieron a abusar del joven y lo torturaron.

Mientras rendía su declaración, José Eduardo comenzó a sentirse mal, por lo que fue revisado y el médico constató que había sido abusado sexualmente y golpeado lo que le dejó un pulmón perforado y daño cerebral que requirió traslado a un hospital.

Ya en el nosocomio, los doctores dijeron que el joven era sospechoso de COVID-19, por lo que lo trasladaron al área de coronavirus donde murió el 3 de agosto.

Tras la muerte de su hijo, la madre interpuso una denuncia en contra de los oficiales que golpearon y abusaron de su hijo; además de que pidió ayuda para poder trasladar los restos del joven a Veracruz, donde reside la familia.

Este caso se suma a otros de abuso policial en México como el de Ayotzinapa, Guerrero (septiembre de 2014), Tanhuato, Michoacán (mayo de 2015); Nochixtlán, Oaxaca (junio del 2016); y entre los más recientes la muerte de Giovanni López en Jalisco en 2020 y de Victoria Salazar, en Quintana Roo en marzo pasado.

Fuente: EFE

México

INE impone multas por 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial por uso de acordeones y otras irregularidades

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes la imposición de sanciones económicas por aproximadamente 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial del pasado 1 de junio, tras detectar diversas irregularidades, entre ellas la utilización de acordeones para inducir el voto.

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE revisó los informes de gastos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024-2025, así como de las elecciones judiciales locales celebradas en 19 entidades federativas.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que se analizaron más de 7 mil 300 informes de campaña correspondientes a más de 7 mil 700 candidaturas, con un universo auditado cercano a los 900 millones de pesos. Humphrey destacó que esta fiscalización representa el cierre técnico e institucional del primer proceso electoral judicial en la historia democrática del país.

De acuerdo con los datos presentados, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) identificó un total de 17 mil 596 conductas irregulares: 8 mil 49 a nivel federal y 9 mil 547 en los comicios judiciales locales. Por estas faltas, se propusieron sanciones por más de 10 millones de pesos en el ámbito federal y 8 millones en el local.

Entre los sancionados se encuentran los nueve candidatos ganadores de los cargos federales, incluyendo al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, así como a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

Una de las principales controversias giró en torno al uso de acordeones durante la jornada electoral. Mientras algunos consejeros calificaron esta práctica como “propaganda ilícita” al no haber sido reportada en los gastos de campaña, otros cuestionaron la validez jurídica de sancionar sin pruebas concluyentes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó su desacuerdo con las sanciones derivadas de los acordeones, al considerar que no existe “sustento jurídico suficiente” para su aplicación. Por su parte, la consejera Norma de la Cruz señaló que las únicas evidencias físicas corresponden a 336 acordeones de 10 modelos diferentes, sin que se haya podido acreditar quién los imprimió, su costo ni su distribución exacta.

No obstante, el consejero Arturo Castillo afirmó que la presencia de acordeones no reportados constituye una falta grave que debe ser sancionada, aun cuando los beneficiarios hayan resultado electos. En ese mismo sentido, Carla Humphrey subrayó que quienes aspiren a interpretar la ley deben ser los primeros en acatarla.

El pasado 15 de junio, el INE entregó las constancias de mayoría a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Esta elección judicial histórica, derivada de una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, redujo el número de ministros de once a nueve y creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para supervisar a jueces de todo el país

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