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México

Jurado solicita testimonios de Sergio Villarreal Barragán e Israel Ávila Contra García Luna

El jurado del caso Genaro García Luna solicitó los testimonios de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, e Israel Ávila, según reveló el periodista Jesús García, del medio El Diario de Nueva York.

“El jurado en el caso de #GenaroGarcíaLuna puede pedir revisar la evidencia como deseé: Pidió el testimonio de Sergio Villarreal Barragán y unas fotos. Es un proceso complicado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Después es una nota escrita para el portal La Opinión, aseguró que los miembros del jurado también solicitaron el testimonio de Israel Ávila, quien fue contador del narco y reveló que anotó los pagos de sobornos que se habían hecho a Genaro García Luna.

     

Sergio Villarreal Barragán dice que vio cuando «Arturo Beltrán Leyva sobornó personalmente a Genaro García Luna»

Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, ex lugarteniente de la Organización Beltrán-Leyva aseguró que estuvo presente «en algunos momentos» cuando Arturo Beltrán Leyva sobornó personalmente a Genaro García Luna.

Con la ayuda del Gobierno, el cartel (de Sinaloa) creció en territorio, en la cantidad de droga que movíamos y eliminar a nuestros enemigos», dijo Barragán.
“El Grande” sobre la corrupción en México:

Hay dos tipos… uno es cuando le pagas a un oficial para que mire hacia otro lado para dejar pasar algo. El otro tipo es cuando participa en las actividades de la organización”.

García Luna, afirma, era del segundo tipo.

El narco señaló que cuando se unió a la Organización Beltrán Leyva alrededor de 2001, García Luna, quien entonces era el director del equivalente mexicano del FBI, “ya estaba cobrando, y se le pagó hasta el último día de la vida de Arturo Beltrán en 2008”.

García Luna estaba en nómina de cártel como «el tartamudo», declara contador en juicio

Genaro García Luna fue señalado de estar en la nómina de un cártel bajo los apodos de «El Tartamudo» o «El Metralleta», según declaró Israel Ávila, que se presentó como contador de varios miembros de la organización criminal.

Ávila, de quien la fiscalía pidió específicamente no hacer ni siquiera ilustraciones para protegerlo, y del que poco se sabe, se describió como agente de bienes raíces y contador para líderes del narcotráfico.

Ávila, otro de los testigos colaboradores de la fiscalía, fue detenido en Texas en 2012, y condenado a 15 años de prisión en Illinois. Se prevé que quede en libertad en 2025.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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