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México

Justicia de Jalisco defiende a dos detenidos por robo

Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, se convirtió en defensor de dos detenidos bajo acusaciones de robo y asalto y evitó que fueran encarcelados, difundió el miércoles el diario «Mural».
En principio, Vega Pámanes habría pedido apoyo al secretario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, para liberar a los detenidos, pero como no encontró respuesta favorable, el magistrado intercedió ante otras instancias para liberarlos, dice la publicación.
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El diario, miembro del Grupo Reforma, reveló el audio de la conversación que sostuvo con Caro por radio, en la que revela que el magistrado pide ayuda a pedido del «patrón» de los detenidos, a quien solo identifica como alguien que se dedica a «la compra y venta de vehículos».
«Lo que pasa es que yo conozco al señor. El señor ese es muy amigo de un grupo empresarial aquí», dijo el también presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco.
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El ataque se registró cuando un comando armado atacó a tiros a miembros de la policía estatal en una zona montañosa de México. (Publicado jueves 25 de febrero de 2016)
Al darse a conocer el asunto, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, instruyó al jefe policial para que denuncie al magistrado ante la Fiscalía federal por delitos contra la administración de la justicia, de acuerdo con información oficial.
El 29 de julio, la Policía de Guadalajara detuvo a Víctor Manuel Andalón Zaragoza y Víctor Emmanuel Andalón Ramírez, de 43 y 22 años, respectivamente, afuera de una sucursal bancaria.
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Los detenidos estaban en posesión de armas y eran indentificados por autoridades policiales como responsables de robo.
Sin embargo, Vega Pámanes ofreció la tarde del miércoles una conferencia de medios en la que aseguró que la llamada realizada fue de manera institucional, para que se respetara el debido proceso; pero que Caro le devolvió la llamada para hacer una grabación de manera «dolosa».
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Entre quienes han huído de Baridaguato se incluye la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán (Publicado sábado 18 de junio de 2016)
Lamentó que para medios y diversos actores pese más la políticia que la justicia, por lo que ofreció seguir trabajando para dar respuesta a la sociedad.

Telemundo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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