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México

Kimberly-Clark dejará de invertir en México por decisiones tomadas en el gobierno de AMLO

El Consejo de Administración de Kimberly-Clark es presidido por Claudio González Laporte, quien ha sido acusado desde hace años por López Obrador de ser uno de los empresarios que buscó impedir su llegada a la Presidencia
De acuerdo a Forbes, está medida es generada por la desconfianza de algunas decisiones tomadas por la actual administración de AMLO.

El director general de Kimberly-Clark, Pablo González Guajardo, destacó que la empresa no realizará inversiones en el corto plazo. González Guajardo sostuvo que “la economía se ha desacelerado significativamente y el consumo interno solo está creciendo un poco y, desafortunadamente, continuamos viendo anuncios de nuevas políticas por parte del gobierno que podrían no ser lo que nos gustaría para comenzar a invertir en el corto plazo”.

En esta línea, mencionó informes de estimaciones sobre aumentos para el próximo año, no obstante, hizo referencia a la reducción de costos prevista para 2020. El Consejo de Administración de Kimberly-Clark es presidido por Claudio González Laporte, quien ha sido acusado desde hace años por López Obrador de ser uno de los empresarios que buscó impedir su llegada a la Presidencia.

“Claudio González es perverso e influyente. Participó en el fraude electoral del 2006 y, en diciembre del 2012, recomendó al gobierno que aumentara la gasolina de 10 a 20 pesos por litro, y le hicieron caso. Ahora le está pidiendo a EPN que nos robe la Presidencia. Es temible”, escribió López Obrador en febrero de 2018, en su última campaña electoral.

En la misma línea, López Obrador ha señalado al empresario de beneficiarse de los gobiernos “neoliberales”.

El Portal de Obligaciones y Transparencia revela que el grupo empresarial no tuvo que competir para ganar un solo contrato durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y a través de la Distribuidora Conasupo (Diconsa), que depende directamente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), recibió por adjudicación directa un monto de 296,115,818 pesos.

Gónzález Laporte es padre de Claudio X. González Guajardo, quien dirige la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una de las involucradas en la resistencia legal que enfrentó el aeropuerto de Santa Lucía; en consecuencia, el mandatario ha tildado a González Guajardo de ser un conservador.

Fuente: Forbes

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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