Opinión

LA ALCALDESA DE CHIHUAHUA por FRANCISCO RODRIGUEZ PÉREZ

La Ciudad de Chihuahua tendrá alcaldesa por primera vez en su historia.
Para que este tan feliz acontecimiento tenga un efecto perfecto y del todo completo; para que sea realmente válido, la mujer que llegue a la presidencia municipal no ha de ser cualquier mujer, sino una mujer libre, consciente, pensante, sin atavismos ideológicos, sin fanatismos pseudo-religiosos; sin esas tendencias tan derechistas, que resultan peligrosas; sin esas actitudes, tan conservadoras, que se vuelven indeseables.
La primera alcaldesa chihuahuense tiene que ser una mujer íntegra, es decir entera, capacitada y feliz; una mujer bella por dentro y por fuera, capaz de actuar por conciencia, y no por conveniencia; una mujer que responda a los ideales, a los principios, a los valores, a las virtudes que la han formado como mujer y como ser humano y no al adoctrinamiento vil.
Tiene que ser una mujer comprometida con la sociedad, con la justicia, con las leyes nobles y buenas, con las tesis progresistas, no con los oscurantismos, las cerrazones y los prejuicios de todo tipo.
La primera alcaldesa de Chihuahua tiene que ser una mujer que haya superado ya los rigores de una “educación” a propósito para ella.
Una mujer que haya superado ya los perjuicios acumulados en su cerebro, así como las cargas materiales que actúan de lastre en su vida, impidiendo el vuelo franco de su intelecto en los espacios libres de la idea.
Una mujer que esté por encima de lo opresivo y lo mentiroso.
Una mujer en igualdad de circunstancias y en la apertura de oportunidades, ayudada por los heroicos esfuerzos que ella misma hace.
La primera alcaldesa chihuahuense tiene que ser una mujer REVOLUCIONARIA, emancipada moral, desde la suma del valor, de la energía, de la voluntad, de los sacrificios y las amarguras que su labor social representa.

Una mujer cuya conducta no esté supeditada a la religión, en especial no dependiente de sus fanatismos, enemigos terribles de la mujer, porque los fanatismos aniquilan su conciencia.
Una mujer que, a la vez, supere los atavismos que le ofrecen las costumbres establecidas, siempre rotas por el progreso y siempre anudadas de nuevo por el conservadurismo.
Si costumbres santas de ayer son crímenes o pueriles necedades de hoy, para qué, pues, respetarlas y acatarlas.
La primera alcaldesa de Chihuahua tiene que ser una mujer libre, que no se asuste con la libertad; que aprenda a vivir su libertad.
Que una mujer llegue a la alcaldía de Chihuahua habla de la igualdad libertaria; la que da las mismas oportunidades a las dos facciones de la especie humana para que ambas se desarrollen sin obstáculos, sirviéndose mutuamente de apoyo, sin arrebatarse derechos, sin estorbarse en el lugar que cada uno tiene en la naturaleza.
Mujeres y hombres tenemos de luchar por esta igualdad racional, armonizadora de la felicidad individual con la felicidad colectiva, porque sin ella habrá perpetuamente en el hogar la simiente de la tiranía, el retoño de la esclavitud y la desdicha social.
La primera alcaldesa de Chihuahua llegará a una lucha redentora que se ha hecho amar de la belleza.
Los fanatismos destrozan inútilmente sus rodillas y sus cerebros ante la pena de los mitos insensibles; en cambio, la mujer fuerte, la compañera solidaria del hombre, se rebela, impulsa al combate, enseña con el ejemplo a ser digna, a ser grande, a ser heroína.
Valen la pena las mujeres fuertes, las justicieras, las hermanas del esclavo rebelde y no las siervas envilecidas de los señores feudales.
Valen la pena las mujeres que han hecho independientes sus conciencias; no las que permanecen aún en la sombra medrosa del prejuicio.
Las mujeres que valen la pena son herederas de Leona Vicario, de Manuela Medina y de la Corregidora….
La primera alcaldesa chihuahuense tiene que ser una revolucionaria, una mujer que luche por la democracia, sí, pero principalmente por la JUSTICIA SOCIAL.
Una mujer revolucionaria tiene que llegar a la alcaldía de Chihuahua, no una pseudobeata, una ultraconservadora, una derechista extrema. ¿Así, para qué?
La primera alcaldesa de Chihuahua, para que valga la pena el acontecimiento histórico, tiene que ser LUCÍA CHAVIRA. ¡Hasta siempre!

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.