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México

La ASF denuncia penalmente a 14 gobiernos estatales

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente a 14 gobiernos estatales que simularon devolver dinero del Presupuesto Federal, luego de que se les hicieron observaciones en el manejo de los recursos económicos que les fueron asignados y que al final no los entregaron, de acuerdo con la Cuenta Pública 2014 del organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados.

Así, el monto de denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros fue de 8,025.6 millones de pesos en el ejercicio del 2014.

La entidad con mayores simulaciones fue Veracruz, a cargo de Javier Duarte, con una cifra de 4,770.2 millones de pesos, es decir, 59.4% del total. Le siguieron Michoacán (1,268.3 millones), Guerrero (967.7 millones), Chiapas (253.1 millones), Tabasco (136.1 millones) y Sinaloa (135.6 millones).

Sin embargo, este rubro de denuncias penales sólo es un componente del indicador de la gravedad que presenta la deficiente gestión de los fondos y programas por parte de las entidades federativas y municipios, que es el monto de las acciones con impacto económico determinadas por la ASF.

Este indicador incluye las observaciones con impacto económico pendientes de solventar en el periodo 2011- 2013; el monto observado en el 2014; el importe de procedimientos resarcitorios, y el ya mencionado monto de denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros.

De esta manera, las auditorías realizadas indican que los 32 gobiernos estatales del país tienen observaciones en el manejo de los recursos federales; el impacto económico total de la deficiente gestión asciende a 221,182.5 millones de pesos entre el 2011 y el 2014.

De este monto, 99,774.2 millones de pesos corresponden a las observaciones con impacto económico pendientes de solventar entre el 2011 y el 2013; 75,521.4 millones de pesos es el monto a resolver en el 2014; 37,861.3 millones de pesos es el importe de procedimientos resarcitorios, y 8,025.6 millones de pesos es el monto que se denunció penalmente por simulaciones de reintegros.

Veracruz fue el estado que lidera esta cuenta total, al tener que transparentar 35,421.7 millones de pesos. El podio lo completaron Michoacán (28,477.5 millones) y Jalisco (21,938.0 millones).

 

EL Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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