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México

La “ayuda” en Oaxaca: tarjetas sin saldo y donaciones que no aparecen

El presidente Enrique Peña Nieto regresa de visita a esta entidad en medio de marchas, bloqueos carreteros y cuestionamientos a los programas de reconstrucción por los sismos, debido a que las tarjetas bancarias que entregó Sedatu no tienen dinero, y las de materiales son retenidas por Bansefi, esto sin contar que existen políticos que cobraron sin ser damnificados.

A la par, trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron las pésimas condiciones en la que están laborando desde el jueves 7 septiembre, fecha en que el Hospital Regional de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes” quedó totalmente destruido.

En su quinta visita al Istmo de Tehuantepec tras los sismos de septiembre, y ninguna a la Sierra Juárez, Mixe o Mixteca, zonas que también resultaron afectadas, Peña Nieto ahora acudirá al municipio de Santo Domingo Ingenio, donde revisará la entrega de tarjetas y apoyos para la reparación y construcción de viviendas.

Un grupo de damnificados de ciudad Ixtepec realizó una marcha para exigir al gobierno federal y estatal recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para reconstruir sus viviendas.

En tanto que integrantes de comunidades indígenas del Istmo realizaron dos bloqueos carreteros, uno en inmediaciones de El Ajal y el crucero a Boca del Monte para exigir una mesa de diálogo con la Sedatu, con el fin de “resolver cientos de irregularidades en torno a los apoyos para la reparación de viviendas dañadas por los sismos de septiembre.

Además, demandaron la entrega del programa de empleo temporal a los afectados, programas de recuperación económica a las productoras de totopo y pequeños comerciantes, asimismo, exigieron la transparencia en el ejercicio del recurso público.

Antes, los trabajadores de del Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes” cuestionaron duramente al secretario de Salud federal, José Narro Robles, y al estatal, Celestino Alonso Álvarez, por mantenerlos en un lugar inadecuado, primero expuestos al sol, luego a las lluvias, el lodazal y ahora al viento y polvo.

Y es que las autoridades federales y estatales tomaron la decisión de instalarlos en el campo deportivo del Canal 33 por el simple hecho de ser más visible a los ojos de la población y tendría mayor impacto político.

A pesar de que los trabajadores argumentaron que no era el lugar adecuado, debido a que no se cuenta con drenaje, luz eléctrica especial para equipos, pavimentación, ni sanitarios para trabajadores y pacientes, ahí los instalaron y ahora padecen los vientos que en esta temporada alcanzan los 130 y 150 kilómetros por hora.

De igual forma, cuestionaron a la presidenta municipal perredista Gloria Sánchez López, quien “jamás ha volteado a ver las condiciones en que laboran”.

La delegada sindical del hospital, Yolanda Sánchez Ulloa, manifestó que “el tiempo nos ha dado la razón a los trabajadores de que no era el lugar adecuado. Primero el sol candente; después llegaron las lluvias que inundaron las carpas donde se hospitalizan los pacientes, el terreno se convierte en lodazal y charcos de agua, y ahora el viento”.

Hizo hincapié en que se han mantenido trabajado gracias a la sociedad civil que ha donado casas de campaña para protegerlos de las lluvias.

A pesar de esas malas condiciones, dijo, las unidades móviles han otorgado más de 3 mil consultas y 300 atenciones de traumatología, donde a diario nacen de 8 a 10 niños.

También han realizado más de 20 cirugías no obstétricas, atendido a baleados porque la violencia no para en la ciudad, entonces, “seguimos trabajando igual o más que antes del terremoto”.

Finalmente, lanzaron varias preguntas al presidente Peña, al gobernador Alejandro Murat y a las autoridades de Salud: “¿Acaso no merecemos un mejor lugar a pesar de que el hospital de Juchitán tiene bajo su responsabilidad a más de 130 mil habitantes?

“¿Acaso no importa al secretario de salud y a la presidenta de Juchitán la salud de los juchitecos?

“¿Acaso son más sensibles las asociaciones sociales que, con sus donaciones de medicamentos, nos permiten subsistir y quieren seguir donando cuartos prefabricados porque sienten suyo el dolor de los trabajadores?”.

Y finalmente remató: “¿En dónde quedaron las donaciones millonarias hechas por los empresarios mexicanos y otros países como para que no alcance para que nos habiliten consultorios, quirófanos, cuartos de especialización y cocinas?”.

A estos casos hay que agregarles los escándalos de la expresidenta y exdiputada del PRI, Adelina Rasgado, quien cobró los apoyos de tres viviendas sin ser damnificada; o del delegado de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, Saulo Chávez, que favoreció a su mamá.

O el caso de la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez, que destinó más de un millón de pesos para apoyar a parte de su cabildo como “damnificados”, o del presidente municipal de San Miguel Chimalapas, Fernando Miguel Contreras, que embodegó las despensas.

El problema más reciente que han denunciado en Juchitán, Ixtaltepec e Ixhuatán es que damnificados por los sismos a los que entregaron tarjetas electrónicas para cobrar recursos del Fonden para mano de obra y materiales carecen de saldos.

En otros casos como en Ixhuatán, en los sobres que está repartiendo el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) deben venir dos tarjetas, una por mano de obra y otra por materiales.

Sin embargo, al momento de entregar el sobre con el contrato, los funcionarios están retirando la tarjeta de materiales sin dar mayor explicación, aprovechándose de que la mayoría de la población no sabe leer ni escribir.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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