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México

La “ayuda” en Oaxaca: tarjetas sin saldo y donaciones que no aparecen

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El presidente Enrique Peña Nieto regresa de visita a esta entidad en medio de marchas, bloqueos carreteros y cuestionamientos a los programas de reconstrucción por los sismos, debido a que las tarjetas bancarias que entregó Sedatu no tienen dinero, y las de materiales son retenidas por Bansefi, esto sin contar que existen políticos que cobraron sin ser damnificados.

A la par, trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron las pésimas condiciones en la que están laborando desde el jueves 7 septiembre, fecha en que el Hospital Regional de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes” quedó totalmente destruido.

En su quinta visita al Istmo de Tehuantepec tras los sismos de septiembre, y ninguna a la Sierra Juárez, Mixe o Mixteca, zonas que también resultaron afectadas, Peña Nieto ahora acudirá al municipio de Santo Domingo Ingenio, donde revisará la entrega de tarjetas y apoyos para la reparación y construcción de viviendas.

Un grupo de damnificados de ciudad Ixtepec realizó una marcha para exigir al gobierno federal y estatal recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para reconstruir sus viviendas.

En tanto que integrantes de comunidades indígenas del Istmo realizaron dos bloqueos carreteros, uno en inmediaciones de El Ajal y el crucero a Boca del Monte para exigir una mesa de diálogo con la Sedatu, con el fin de “resolver cientos de irregularidades en torno a los apoyos para la reparación de viviendas dañadas por los sismos de septiembre.

Además, demandaron la entrega del programa de empleo temporal a los afectados, programas de recuperación económica a las productoras de totopo y pequeños comerciantes, asimismo, exigieron la transparencia en el ejercicio del recurso público.

Antes, los trabajadores de del Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes” cuestionaron duramente al secretario de Salud federal, José Narro Robles, y al estatal, Celestino Alonso Álvarez, por mantenerlos en un lugar inadecuado, primero expuestos al sol, luego a las lluvias, el lodazal y ahora al viento y polvo.

Y es que las autoridades federales y estatales tomaron la decisión de instalarlos en el campo deportivo del Canal 33 por el simple hecho de ser más visible a los ojos de la población y tendría mayor impacto político.

A pesar de que los trabajadores argumentaron que no era el lugar adecuado, debido a que no se cuenta con drenaje, luz eléctrica especial para equipos, pavimentación, ni sanitarios para trabajadores y pacientes, ahí los instalaron y ahora padecen los vientos que en esta temporada alcanzan los 130 y 150 kilómetros por hora.

De igual forma, cuestionaron a la presidenta municipal perredista Gloria Sánchez López, quien “jamás ha volteado a ver las condiciones en que laboran”.

La delegada sindical del hospital, Yolanda Sánchez Ulloa, manifestó que “el tiempo nos ha dado la razón a los trabajadores de que no era el lugar adecuado. Primero el sol candente; después llegaron las lluvias que inundaron las carpas donde se hospitalizan los pacientes, el terreno se convierte en lodazal y charcos de agua, y ahora el viento”.

Hizo hincapié en que se han mantenido trabajado gracias a la sociedad civil que ha donado casas de campaña para protegerlos de las lluvias.

A pesar de esas malas condiciones, dijo, las unidades móviles han otorgado más de 3 mil consultas y 300 atenciones de traumatología, donde a diario nacen de 8 a 10 niños.

También han realizado más de 20 cirugías no obstétricas, atendido a baleados porque la violencia no para en la ciudad, entonces, “seguimos trabajando igual o más que antes del terremoto”.

Finalmente, lanzaron varias preguntas al presidente Peña, al gobernador Alejandro Murat y a las autoridades de Salud: “¿Acaso no merecemos un mejor lugar a pesar de que el hospital de Juchitán tiene bajo su responsabilidad a más de 130 mil habitantes?

“¿Acaso no importa al secretario de salud y a la presidenta de Juchitán la salud de los juchitecos?

“¿Acaso son más sensibles las asociaciones sociales que, con sus donaciones de medicamentos, nos permiten subsistir y quieren seguir donando cuartos prefabricados porque sienten suyo el dolor de los trabajadores?”.

Y finalmente remató: “¿En dónde quedaron las donaciones millonarias hechas por los empresarios mexicanos y otros países como para que no alcance para que nos habiliten consultorios, quirófanos, cuartos de especialización y cocinas?”.

A estos casos hay que agregarles los escándalos de la expresidenta y exdiputada del PRI, Adelina Rasgado, quien cobró los apoyos de tres viviendas sin ser damnificada; o del delegado de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, Saulo Chávez, que favoreció a su mamá.

O el caso de la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez, que destinó más de un millón de pesos para apoyar a parte de su cabildo como “damnificados”, o del presidente municipal de San Miguel Chimalapas, Fernando Miguel Contreras, que embodegó las despensas.

El problema más reciente que han denunciado en Juchitán, Ixtaltepec e Ixhuatán es que damnificados por los sismos a los que entregaron tarjetas electrónicas para cobrar recursos del Fonden para mano de obra y materiales carecen de saldos.

En otros casos como en Ixhuatán, en los sobres que está repartiendo el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) deben venir dos tarjetas, una por mano de obra y otra por materiales.

Sin embargo, al momento de entregar el sobre con el contrato, los funcionarios están retirando la tarjeta de materiales sin dar mayor explicación, aprovechándose de que la mayoría de la población no sabe leer ni escribir.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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