Política
La basura electoral ¿A dónde se va?
Polietileno, polipropileno y poliuretano parecieran vocablos para un trabalenguas; sin embargo, constituyen la base de las 2 mil 500 toneladas de propaganda electoral que cubrió espacios públicos durante las recientes campañas y que, de ser recuperados con un correcto reciclaje, evitarán daños al entorno ambiental.
Concluida la etapa de propuestas, las promesas comienzan a olvidarse pero quedan impresas en toneladas de basura electoral: mantas, carteles y pendones, entre otros productos propagandísticos que tapizaron espacios públicos y que, tan solo en el Distrito Federal, se calcula sumaron 500 mil kilos.
Ahí están impresos los lemas de campaña con los que se promovieron los candidatos a ocupar puestos de elección, igual en las cámaras de Diputados y Senadores, que a cargos estatales, municipales o delegacionales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o para la Presidencia de la República.
Polietileno,
polipropileno y poliuretano son materiales que de no reciclarse podrían tardar hasta 80 años en desintegrarse, explicó en entrevista con Notimex el director general de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, Luis Gerardo Álvarez Espinoza.
La preocupación de la industria del plástico es que a más de 3 semanas de que se realizaron las elecciones, y un mes desde que concluyeron las campañas, no sabe qué se está haciendo con la basura electoral ya recolectada: “Hasta el momento ninguna autoridad o partido político nos ha solicitado información respecto a nuestros agremiados, quienes están dispuestos a llegar a una negociación para empezar a reciclar la propaganda electoral”.
De acuerdo con el titular de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, “el kilo de este material en el mercado se paga entre 3 y 3.50 pesos; si este precio es multiplicado por las toneladas (de propaganda electoral) que se utilizaron, es una cantidad bastante considerable, que ascendería a entre 8 millones y medio de pesos a 8 millones 750 mil”.
Luis Gerardo Álvarez Espinoza puntualizó a su vez que si los partidos políticos pusieran atención en el tema les resultaría muy redituable: “Si los candidatos que perdieron quisieran recuperar algo de lo invertido en la campaña deberían recoger su propaganda y comercializarla, con ello recuperarían una parte importante del gasto que hicieron”.
Chihuahua
Activistas Exigen Justicia para Mya Naomi Villalobos; Solicitan Resolución de Amparo
Activistas Exigen Justicia para Mya Naomi Villalobos; Solicitan Resolución de Amparo
Marta González, abogada y miembro del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, anunció que la próxima semana realizarán un posicionamiento público frente al Poder Judicial Federal en apoyo al caso de Mya Naomi Villalobos.
El objetivo es presionar al magistrado encargado de resolver el amparo presentado por Erick D.B., agresor de Mya, para que sea ingresado al Centro de Reinserción para Menores y cumpla la sentencia de tres años y ocho meses dictada en su contra.
Exigencia de Pronta Resolución
La abogada destacó la urgencia de resolver el recurso interpuesto por Erick, subrayando que la demora en la ejecución de la sentencia es un obstáculo para que Mya y su familia puedan avanzar en su proceso de justicia y recuperación.
La manifestación, que contará con la participación de Mya y sus acompañantes, busca visibilizar el caso y exigir a las autoridades judiciales una respuesta pronta y definitiva que garantice el cumplimiento de la condena.
La Voz de Mya Naomi
El pasado viernes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Mya Naomi compartió su experiencia como sobreviviente de abuso ante estudiantes de bachillerato en el Auditorio Cultural de Camargo.
En su testimonio, Mya recordó el ataque que sufrió hace dos años, cuando fue apuñalada 47 veces por Erick D.B., y expresó su deseo de justicia. Su historia busca concienciar sobre la violencia de género y la importancia de actuar para prevenirla y erradicarla.
Contexto del Caso
El caso de Mya Naomi ha generado indignación y movilización en Chihuahua, convirtiéndose en un llamado a las autoridades para garantizar que los agresores enfrenten las consecuencias legales de sus actos y que las víctimas tengan acceso a la justicia de manera oportuna.
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