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Política

La basura electoral ¿A dónde se va?

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Polietileno, polipropileno y poliuretano parecieran vocablos para un trabalenguas; sin embargo, constituyen la base de las 2 mil 500 toneladas de propaganda electoral que cubrió espacios públicos durante las recientes campañas y que, de ser recuperados con un correcto reciclaje, evitarán daños al entorno ambiental.

Concluida la etapa de propuestas, las promesas comienzan a olvidarse pero quedan impresas en toneladas de basura electoral: mantas, carteles y pendones, entre otros productos propagandísticos que tapizaron espacios públicos y que, tan solo en el Distrito Federal, se calcula sumaron 500 mil kilos.

Ahí están impresos los lemas de campaña con los que se promovieron los candidatos a ocupar puestos de elección, igual en las cámaras de Diputados y Senadores, que a cargos estatales, municipales o delegacionales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o para la Presidencia de la República.

Polietileno,polipropileno y poliuretano son materiales que de no reciclarse podrían tardar hasta 80 años en desintegrarse, explicó en entrevista con Notimex el director general de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, Luis Gerardo Álvarez Espinoza.

La preocupación de la industria del plástico es que a más de 3 semanas de que se realizaron las elecciones, y un mes desde que concluyeron las campañas, no sabe qué se está haciendo con la basura electoral ya recolectada: “Hasta el momento ninguna autoridad o partido político nos ha solicitado información respecto a nuestros agremiados, quienes están dispuestos a llegar a una negociación para empezar a reciclar la propaganda electoral”.

De acuerdo con el titular de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, “el kilo de este material en el mercado se paga entre 3 y 3.50 pesos; si este precio es multiplicado por las toneladas (de propaganda electoral) que se utilizaron, es una cantidad bastante considerable, que ascendería a entre 8 millones y medio de pesos a 8 millones 750 mil”.

Luis Gerardo Álvarez Espinoza puntualizó a su vez que si los partidos políticos pusieran atención en el tema les resultaría muy redituable: “Si los candidatos que perdieron quisieran recuperar algo de lo invertido en la campaña deberían recoger su propaganda y comercializarla, con ello recuperarían una parte importante del gasto que hicieron”.

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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