Lo que ocurrió entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña no fue un arrebato espontáneo. Es el resultado de años de tensiones, provocaciones mutuas y un ambiente político que ha normalizado la confrontación como espectáculo. El Senado, que debería ser un recinto de deliberación, terminó convertido en un ring donde dos veteranos de la política mexicana se enfrascaron a empujones y golpes mientras sonaba el Himno Nacional.

El odio entre ambos tiene raíces claras: Noroña, con su estilo incendiario, ha hecho carrera como opositor feroz, pero también como un crítico constante de todo lo que huela a PRI. Alito, en cambio, representa al viejo partido acusado de corrupción, privilegios y pactos en lo oscurito. La confrontación no es solo personal: es la pugna entre un tribuno que gusta de provocar rupturas y un dirigente acostumbrado a usar la fuerza y el protagonismo mediático como defensa.

En el fondo, ambos comparten más similitudes de las que admitirían: los rodean polémicas sobre riqueza inexplicable, lenguaje altisonante, declaraciones temerarias y una habilidad inigualable para ocupar titulares. De hecho, encuestas recientes revelan que el 78% de los mexicanos considera que sus legisladores “discuten más de lo que trabajan”, mientras que 7 de cada 10 piensan que el Congreso es ineficaz y está desconectado de los problemas reales. En ese contexto, el pleito físico no hace más que confirmar la percepción de que los políticos actúan como protagonistas de un reality show.

El altercado deja un saldo que va más allá de los empujones: un camarógrafo herido, denuncias penales, acusaciones de amenazas de muerte y un Congreso ridiculizado ante la opinión pública. Pero lo verdaderamente grave es la señal de impunidad. En México, los zafarranchos legislativos se han repetido por años —desde empujones en la Cámara de Diputados hasta sillazos en congresos estatales— y rara vez hay sanciones. Esto explica que el 65% de los ciudadanos crea que “no sirve de nada denunciar a un político” porque nunca recibe castigo.

La situación empeora cuando se observa la dinámica interna de Morena. Noroña no solo incomoda a la oposición, también ha provocado fisuras dentro del oficialismo. Sus desplantes recientes —lujos personales, insultos diplomáticos y frases que ponen en entredicho la unidad del movimiento— han obligado a la dirigencia a salir a apagar incendios. Morena sabe que necesita mostrar cohesión rumbo al 2027, pero cada salida de tono de Noroña alimenta el discurso opositor de que el partido en el poder es incapaz de controlarse a sí mismo.

La imagen de la política mexicana está en su punto más bajo. Según el INEGI, solo el 19% de los ciudadanos confía en el Congreso, mientras que la confianza en los partidos políticos se desploma hasta el 11%, la cifra más baja en décadas. La pelea entre Alito y Noroña no es un accidente: es el símbolo de un sistema legislativo desgastado, atrapado entre egos y luchas de poder, incapaz de ofrecer soluciones a los problemas que realmente importan, como la violencia, el empleo o la desigualdad.

La gran pregunta es qué consecuencias deja todo esto. Para los partidos, el costo inmediato es la erosión de credibilidad. Para la ciudadanía, la confirmación de que los políticos parecen vivir en otro planeta. Y para la democracia, un golpe a su ya frágil legitimidad. Si los legisladores se comportan como gladiadores, ¿qué confianza puede esperar la gente en las instituciones?

En tiempos donde la violencia social golpea todos los rincones del país, la política debería ser el ejemplo de civilidad y control. En cambio, manda el mensaje contrario: que todo se resuelve a gritos y golpes. El problema no es solo de dos personajes, sino de un sistema que aplaude el escándalo y tolera la impunidad. Y mientras tanto, la ciudadanía observa con una mezcla de enojo, risa y resignación.

Al final, la bronca entre Noroña y Alito quedará en la memoria como anécdota pintoresca, pero también como metáfora de un Congreso que ya no inspira respeto, sino vergüenza.