Opinión

La bronca que retrata al Congreso. Por Caleb Ordóñez T.

Lo que ocurrió entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña no fue un arrebato espontáneo. Es el resultado de años de tensiones, provocaciones mutuas y un ambiente político que ha normalizado la confrontación como espectáculo. El Senado, que debería ser un recinto de deliberación, terminó convertido en un ring donde dos veteranos de la política mexicana se enfrascaron a empujones y golpes mientras sonaba el Himno Nacional.

El odio entre ambos tiene raíces claras: Noroña, con su estilo incendiario, ha hecho carrera como opositor feroz, pero también como un crítico constante de todo lo que huela a PRI. Alito, en cambio, representa al viejo partido acusado de corrupción, privilegios y pactos en lo oscurito. La confrontación no es solo personal: es la pugna entre un tribuno que gusta de provocar rupturas y un dirigente acostumbrado a usar la fuerza y el protagonismo mediático como defensa.

En el fondo, ambos comparten más similitudes de las que admitirían: los rodean polémicas sobre riqueza inexplicable, lenguaje altisonante, declaraciones temerarias y una habilidad inigualable para ocupar titulares. De hecho, encuestas recientes revelan que el 78% de los mexicanos considera que sus legisladores “discuten más de lo que trabajan”, mientras que 7 de cada 10 piensan que el Congreso es ineficaz y está desconectado de los problemas reales. En ese contexto, el pleito físico no hace más que confirmar la percepción de que los políticos actúan como protagonistas de un reality show.

El altercado deja un saldo que va más allá de los empujones: un camarógrafo herido, denuncias penales, acusaciones de amenazas de muerte y un Congreso ridiculizado ante la opinión pública. Pero lo verdaderamente grave es la señal de impunidad. En México, los zafarranchos legislativos se han repetido por años —desde empujones en la Cámara de Diputados hasta sillazos en congresos estatales— y rara vez hay sanciones. Esto explica que el 65% de los ciudadanos crea que “no sirve de nada denunciar a un político” porque nunca recibe castigo.

La situación empeora cuando se observa la dinámica interna de Morena. Noroña no solo incomoda a la oposición, también ha provocado fisuras dentro del oficialismo. Sus desplantes recientes —lujos personales, insultos diplomáticos y frases que ponen en entredicho la unidad del movimiento— han obligado a la dirigencia a salir a apagar incendios. Morena sabe que necesita mostrar cohesión rumbo al 2027, pero cada salida de tono de Noroña alimenta el discurso opositor de que el partido en el poder es incapaz de controlarse a sí mismo.

La imagen de la política mexicana está en su punto más bajo. Según el INEGI, solo el 19% de los ciudadanos confía en el Congreso, mientras que la confianza en los partidos políticos se desploma hasta el 11%, la cifra más baja en décadas. La pelea entre Alito y Noroña no es un accidente: es el símbolo de un sistema legislativo desgastado, atrapado entre egos y luchas de poder, incapaz de ofrecer soluciones a los problemas que realmente importan, como la violencia, el empleo o la desigualdad.

La gran pregunta es qué consecuencias deja todo esto. Para los partidos, el costo inmediato es la erosión de credibilidad. Para la ciudadanía, la confirmación de que los políticos parecen vivir en otro planeta. Y para la democracia, un golpe a su ya frágil legitimidad. Si los legisladores se comportan como gladiadores, ¿qué confianza puede esperar la gente en las instituciones?

En tiempos donde la violencia social golpea todos los rincones del país, la política debería ser el ejemplo de civilidad y control. En cambio, manda el mensaje contrario: que todo se resuelve a gritos y golpes. El problema no es solo de dos personajes, sino de un sistema que aplaude el escándalo y tolera la impunidad. Y mientras tanto, la ciudadanía observa con una mezcla de enojo, risa y resignación.

Al final, la bronca entre Noroña y Alito quedará en la memoria como anécdota pintoresca, pero también como metáfora de un Congreso que ya no inspira respeto, sino vergüenza.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?