Conecta con nosotros

México

«La costeña» demandará a empleados por orinar chiles

La empresa no espera grandes pérdidas en sus ganancias pese a la viralización de este caso en redes sociales

El director general de La Costeña, Rafael Celorio, informó que el departamento legal de la empresa estudia la posibilidad de ejercer algún recurso en contra de los empleados que subieron a redes sociales una fotografía en donde aparentan estar orinando los chiles jalapeños de su planta ubicada en Ecatepec, Estado de México.

En conferencia de prensa, el directivo negó que los jóvenes, quienes fueron despedidos dos días después de subir la imagen a redes sociales, realmente hayan orinado el producto; sin embargo, consideró que este acto les afectó, al menos, anímicamente.

«Jurídico está viendo qué se puede hacer para fincar las responsabilidades correspondientes», reiteró la gerente de mercadotecnia de la compañía, María Álvarez.

Celorio, a su vez, comentó que la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) se encuentra realizando las inspecciones correspondientes a su planta y, dijo, hasta el momento no han encontrado indicios de cualquier tipo de anomalía en sus procedimientos.

De acuerdo con los directivos, los jóvenes fueron despedidos por utilizar un teléfono celular durante su jornada de trabajo, debido a que estos aparatos se encuentran prohibidos en el área en la que estaban trabajando. Además, se encontraron otras fotografías en donde aparecen los implicados realizando diversas bromas durante su jornada.

Sobre la condición laboral de los jóvenes, la gerente de mercadotecnia confirmó que los mismos estaban contratados como eventuales y que por esta razón podrían no haber estado familiarizados con las reglas de la empresa. Asimismo dijo que durante la temporada de chiles se contratan a 300 empleados bajo este esquema, que se suman a los 3 mil 500 que tienen como base.

«Es importante que repita la disculpa que hemos ofrecido a nuestros consumidores y a la opinión pública en general debido al acto grotesco, vulgar y de mal gusto que define de muy poca manera el carácter de quienes participaron (…) Nunca aceptamos que los empleados hayan orinado los chiles jalapeños, quiero ser reiterativo en este punto», sostuvo Rafael Celorio tras asegurar que éste sería el último pronunciamiento de la empresa al respecto al tema.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto